Ciudad de México, México.- En una sesión inédita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió este martes la posibilidad de ordenar que se otorgara presupuesto federal fijo para la reparación integral del daño a víctimas, pero la propuesta no alcanzó los 6 votos necesarios, lo que dejó sin respaldo la restitución de un financiamiento estable para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Las ministras y ministros Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa, María Estela Ríos y Lenia Batres votaron en contra de obligar al Congreso de la Unión a asignar un porcentaje anual del Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a víctimas de delitos. También rechazaron solicitar al Legislativo la creación de un nuevo sistema financiero que garantizara recursos permanentes, lo que sepultó la posibilidad de recuperar el esquema vigente hasta 2020, cuando la CEAV contaba con un presupuesto fijo y protegido por ley.
En contraste, las ministras y ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Giovani Figueroa, Arístides Guerrero y Hugo Aguilar consideraron inconstitucional que en 2020 se eliminara el 0.014% del presupuesto federal asignado cada año para atender daños patrimoniales, físicos y psicológicos de víctimas directas e indirectas de delitos. Sin embargo, su posición no alcanzó la mayoría requerida.
Con esta resolución, la CEAV deberá operar únicamente con recursos provenientes de la venta de bienes decomisados, un fondo variable, incierto y sujeto a fluctuaciones, lo que contrasta con el esquema garantizado que tuvo hasta hace cinco años. Especialistas advierten que esta situación coloca a miles de víctimas en incertidumbre, ya que no podrán saber cuándo ni cuánto recibirán como compensación por los daños sufridos.
Durante el debate, los ministros que apoyaron la restitución del porcentaje fijo insistieron en que el Estado mexicano tiene una obligación constitucional de garantizar la reparación integral, lo que incluye daños físicos, emocionales y patrimoniales. Pero los cuatro ministros que votaron en contra aseguraron que los recursos actuales son suficientes y que no es necesario obligar al Congreso a establecer un financiamiento permanente.
La resolución implica que la CEAV tendrá menos recursos para atender solicitudes de apoyo económico, dejando en mayor vulnerabilidad a personas afectadas por delitos en un país marcado por altos índices de violencia. Organizaciones y especialistas consideran que la decisión viola el principio de progresividad en derechos humanos, pues la Corte deja sin garantías firmes a quienes requieren apoyo urgente para recuperar su vida tras una agresión.
