San Luis Potosí, México.—El contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Martínez, informó que la Contraloría concluyó la investigación interna sobre el caso del antro Rich y remitió el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), instancia que deberá determinar si existió o no responsabilidad administrativa por parte de servidores públicos.
Aguiñaga señaló que, a partir de este punto, la resolución final ya no depende de la dependencia a su cargo. Explicó que la investigación identificó a tres trabajadores estatales como presuntos responsables administrativos y que la Contraloría propuso al Tribunal una inhabilitación de 10 años como sanción. No obstante, subrayó que esta medida es solo una recomendación, y será el TEJA quien decida con base en los elementos del expediente.
Pese a la propuesta de sanción, los tres funcionarios continúan en funciones, ya que no pueden ser separados de sus cargos mientras no exista una resolución firme del Tribunal, en cumplimiento de los derechos laborales que protege la ley.
Respecto a la información solicitada por las víctimas, el contralor explicó que el amparo otorgado al padre del joven fallecido ordenó entregar la versión pública del expediente, documento que ya fue remitido directamente al juzgado, como lo establece el procedimiento legal.
Sobre una supuesta multa por presunto incumplimiento en la entrega de información, Aguiñaga rechazó que exista sanción alguna. “No hemos recibido notificación de multa”, afirmó, e invitó a verificar los estrados judiciales para constatarlo.
El contralor evitó precisar los tiempos en que el TEJA podría emitir una resolución, debido a la carga de trabajo que enfrenta el Tribunal. También se reservó el nivel jerárquico de los funcionarios involucrados, pues será la autoridad jurisdiccional quien determine, en su momento, responsabilidades y sanciones.
