Sigue en SLP la Ley General de Extinción de Dominio

La fiscal Manuela García confirma que la norma local quedó derogada y todo el Estado aplicará el marco federal.

San Luis Potosí, México.– Luego de que la Ley de Extinción de Dominio pasara de un esquema estatal a uno federal, la fiscal general Manuela García Cázares confirmó que la legislación potosina quedó oficialmente derogada desde septiembre y que, a partir de ahora, toda la actuación en la materia estará regida únicamente por la Ley General de Extinción de Dominio.

La extinción de dominio permite al Estado reclamar bienes, propiedades o terrenos presuntamente vinculados con delitos, incluso sin una sentencia penal definitiva. Al convertirse en una ley general, todos los estados deben aplicar un mismo marco jurídico, cuyas facultades dependen directamente del Congreso de la Unión conforme al artículo 73 constitucional.

“La ley local se derogó porque la Ley General de Extinción de Dominio ya aplica para todos los estados de la República. Es una atribución federal, y por lo tanto impera la ley general”, explicó la fiscal.

García Cázares señaló que las áreas operativas de la Fiscalía aún se encuentran en proceso de implementar los procedimientos que exige la legislación federal. Indicó que existen numerosos casos susceptibles de extinción de dominio, pero será hasta que concluya la fase de transición cuando puedan ofrecerse cifras específicas.

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Entre los cambios más relevantes destacó que la ley general cerró lagunas que anteriormente permitían disponer de los bienes antes de que terminara el proceso judicial.
“Afortunadamente la ley general ya trae eso muy acotado; hoy no se puede disponer del bien sin que concluya el procedimiento”, subrayó.

Respecto al avance general de las carpetas de investigación, la fiscal informó que las cifras cambian todos los días, pero que existe la instrucción de judicializar todos los casos donde se acredite un hecho constitutivo de delito y una probable responsabilidad.

Cuando estos elementos no se cumplen, las carpetas son enviadas a inejercicio. Aunque no proporcionó un porcentaje exacto de judicialización, García Cázares afirmó que la institución “mejoró durante este año” en la integración y resolución de investigaciones.

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