San Luis Potosí SLP.- La Comisión Primera de Justicia analizará una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí con el objetivo de tipificar el delito de ciberacoso sexual y sancionarlo con penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas económicas.
La propuesta plantea adicionar los artículos 181 Bis y 181 Ter, a fin de establecer un marco legal claro que permita prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia que se ejerce en entornos digitales.
De acuerdo con la iniciativa, el ciberacoso sexual se define como el hostigamiento o acoso con connotación sexual no consentida, realizado mediante tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier medio digital.
Se considerará responsable del delito a quien, a través de estos medios, asedie, persiga, intimide, hostigue o aceche a una o varias personas sin su consentimiento, aun cuando no exista una relación previa de subordinación entre agresor y víctima.
La sanción propuesta contempla penas de prisión de seis meses a tres años, así como multas de cien a trescientos días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las penas se incrementarán hasta en una tercera parte cuando la víctima sea niña, niño o adolescente.
En la exposición de motivos se advierte que estas conductas —como el envío reiterado de mensajes sexuales no deseados, proposiciones explícitas o el acecho digital con fines lascivos— provocan daños psicológicos profundos, vulneran la intimidad y la tranquilidad de las víctimas, y pueden escalar hacia formas de violencia más graves.
Si bien el marco legal vigente ya contempla delitos como el hostigamiento sexual y la difusión ilícita de imágenes íntimas, se reconoce la existencia de un vacío legal frente al acoso sexual que ocurre exclusivamente en el ámbito digital, especialmente cuando no hay difusión de contenido visual ni relación jerárquica entre las partes.
La iniciativa subraya que la falta de una norma clara genera incertidumbre jurídica, dificulta la atención de los casos y deja en estado de indefensión a las víctimas, en un contexto donde la violencia digital representa una amenaza creciente y real para la sociedad.
