JCCN / Revista Punto de Vista / 21 de enero 2026
El Centro Histórico de San Luis Potosí se ha convertido en una postal conocida más allá del estado. Sus plazas, templos y fachadas atraen visitantes, generan orgullo local y sostienen una narrativa de ciudad viva. Pero bajo esa imagen hay una tensión constante que ya no puede maquillarse: el crecimiento del comercio informal sin orden ni reglas claras. No es un fenómeno nuevo, pero sí uno que se ha normalizado peligrosamente.
La advertencia es clara y viene desde el propio sector comercial organizado. El desorden en la actividad informal no solo ocupa espacios; ocupa decisiones públicas que no se han tomado. Mientras el turismo crece, la regulación se queda corta. Y esa brecha tiene consecuencias visibles: banquetas saturadas, accesos bloqueados, conflictos cotidianos y una experiencia urbana cada vez más caótica.
El problema no es la existencia del comercio informal en sí. Negarlo sería desconocer una realidad social profunda. El problema es la ausencia de una política seria, constante y justa que lo ordene. Cuando todo cabe, nada funciona. Cuando no hay reglas, la ley del más fuerte —o del más insistente— termina imponiéndose.
El flujo turístico ha traído consigo oportunidades económicas, pero también una migración de vendedores que ven en el Centro Histórico un mercado abierto sin controles efectivos. Esto ha puesto a prueba a las áreas municipales encargadas de regular el comercio. No por falta de atribuciones, sino por falta de respaldo político, planeación y continuidad. Inspeccionar no basta cuando no hay un modelo que sostenga la inspección.
La presión recae, inevitablemente, en los comerciantes establecidos. Ellos pagan renta, impuestos, servicios y cumplen normas que otros eluden a plena luz del día. La competencia deja de ser desigual y se vuelve abiertamente injusta. No es raro que surja inconformidad cuando el esfuerzo formal parece castigarse y la informalidad se tolera.
Además, el impacto no es solo económico. El espacio público se reduce, la movilidad peatonal se complica y la imagen urbana se deteriora. Un Centro Histórico saturado pierde atractivo, y un destino turístico que incomoda deja de ser destino. El visitante no regresa al lugar donde caminar es un obstáculo permanente.
Aquí es donde la omisión institucional pesa más que cualquier puesto ambulante. No se trata de desalojos espectaculares ni de operativos temporales para la foto. Se trata de asumir que el ordenamiento del comercio informal es una tarea estructural, no coyuntural. Requiere diálogo, pero también decisiones firmes. Requiere sensibilidad social, pero también respeto al espacio común.
La ciudad no puede seguir postergando este debate. Cada año que pasa sin una estrategia clara, el problema crece y se enreda más. La tolerancia sin reglas no es inclusión; es abandono. Y el abandono, en política pública, siempre termina cobrando factura.
2026 aparece como un año clave. No por el calendario, sino porque la inercia ya no da para más. O se actúa con visión y responsabilidad, o el Centro Histórico seguirá siendo rehén de improvisaciones. Regular no es expulsar. Ordenar no es excluir. Gobernar es equilibrar intereses sin renunciar al bien común.
San Luis Potosí ya hizo el trabajo difícil: volverse atractivo. Ahora falta el más incómodo: poner orden sin perder humanidad. Si no se entiende eso a tiempo, la ciudad corre el riesgo de que su mayor fortaleza —su Centro Histórico— se desgaste hasta volverse irreconocible. Y entonces, la postal ya no será motivo de orgullo, sino de reclamo ciudadano.
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