Washington, Estados Unidos.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuentan ahora con autorización interna para ingresar por la fuerza a domicilios particulares sin presentar una orden judicial, de acuerdo con un memorando interno obtenido por The Associated Press, documento que revela un giro profundo en las prácticas de aplicación migratoria.
La directriz concede a los oficiales la facultad de irrumpir en una vivienda apoyándose únicamente en una orden administrativa de arresto, emitida en casos donde existe una orden final de deportación. Para defensores de derechos civiles y especialistas en migración, esta disposición entra en conflicto directo con las garantías de la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas frente a registros y allanamientos sin autorización judicial.
El cambio rompe con años de lineamientos y recomendaciones difundidas entre comunidades migrantes, organizaciones legales y autoridades locales, que insistían en no abrir la puerta a agentes migratorios sin una orden firmada por un juez. Dicho consejo se sustentaba en precedentes de la Suprema Corte de Estados Unidos, que en términos generales prohíben el ingreso de fuerzas del orden a un domicilio sin aval judicial.
La nueva instrucción surge en paralelo al endurecimiento de la política migratoria impulsada por la Administración Trump, que ha incrementado de manera notable los arrestos de personas migrantes en todo el país. Miles de agentes han sido desplegados como parte de una campaña de deportación masiva que ya está modificando las tácticas operativas en ciudades como Minneapolis, entre otras.
Según la información disponible, el memorando no ha sido distribuido de forma amplia dentro del propio ICE. Sin embargo, una denuncia interna señala que su contenido está siendo utilizado en la capacitación de nuevos agentes enviados a distintas ciudades y comunidades para ejecutar la ofensiva migratoria presidencial.
Para organizaciones de defensa de migrantes, esta decisión no solo redefine los alcances del poder de las autoridades migratorias, sino que también introduce un escenario de mayor incertidumbre legal y vulnerabilidad para miles de familias, en un contexto de creciente presión y aceleración de arrestos en todo el territorio estadounidense.
