Ciudad de México, México.- La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum está destinada al fracaso, al menos en su planteamiento actual, debido a que toca intereses que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) consideran intocables, advirtió Luis Carlos Ugalde, expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).
En entrevista, el politólogo y consultor electoral sostuvo que la propuesta presidencial “no pasará”, ya que existen tres temas no negociables para esos partidos: la figura de los legisladores plurinominales, el financiamiento público a los partidos políticos y el fuero legislativo. Cualquier intento de modificación en esos rubros, dijo, chocará con un muro político.
Ugalde descartó que el gobierno federal pueda convencer al PVEM o al PT ofreciendo gubernaturas a cambio de su respaldo legislativo. A su juicio, ese tipo de incentivos no encaja con la lógica de supervivencia de dichos partidos. “Si un partido ha logrado existir más de 30 años bajo un mismo modelo, no tiene sentido ponerlo en riesgo por una o dos gubernaturas”, explicó.
El exconsejero electoral subrayó que el PVEM, en particular, no está dispuesto a aceptar reducciones en el número de plurinominales, recortes al financiamiento ordinario o de campañas, ni la eliminación del fuero. “Esas tres condiciones son una línea roja”, afirmó, y añadió que el PT comparte una visión similar.
Ante este escenario, Ugalde alertó que, si el Ejecutivo busca sacar adelante la reforma con el apoyo de esos partidos, podría optar por cambios más delicados y riesgosos para el sistema electoral. Entre ellos, mencionó la reducción de los costos operativos del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que implicaría debilitar o incluso desaparecer el Servicio Profesional Electoral Nacional, pilar técnico que garantiza la organización de elecciones confiables.
Otro punto que consideró preocupante sería modificar el actual modelo de votación, que privilegia casillas cercanas al domicilio del elector, para sustituirlo por grandes centros de votación que concentren entre 100 y 300 casillas, obligando a los ciudadanos a desplazarse con el argumento de ahorrar recursos. Esto permitiría reducir drásticamente el número de casillas instaladas, de alrededor de 190 mil a poco más de 80 mil, advirtió.
Asimismo, señaló como un riesgo adicional hacer coincidir la consulta de revocación de mandato con la elección federal intermedia, lo que, a su juicio, contaminaría el proceso electoral y distorsionaría su naturaleza.
Finalmente, Ugalde subrayó una omisión grave en la discusión pública de la reforma: la falta de un planteamiento claro para enfrentar la penetración del crimen organizado en las elecciones, un problema que calificó como el más relevante y que, hasta ahora, no ha sido abordado de fondo en la propuesta presidencial.
