- “Con esta decisión confirmamos que trabajamos en el marco de la ley, con una visión de derechos humanos y protegiendo el patrimonio de la ciudad”: alcalde, Enrique Galindo.
La ejecución de dicha compraventa quedará sujeto a la resolución del juzgado de distrito que lleva el amparo, según explicó el alcalde Enrique Galindo Ceballos: “Hasta que no quede clara la resolución judicial, nosotros haremos cumplimiento a este contrato de compraventa. Es lo que determinamos este día en Cabildo”.
El presidente municipal reconoció la votación emitida este miércoles por el Cabildo de la Capital, “en la que pusimos sobre la mesa como interés primordial el resarcimiento de los derechos humanos, porque ésta es la dinámica del actual Gobierno. No tengo duda que en la anterior administración se violaron derechos humanos y lamentablemente se ocultó esta situación. Por eso, hoy resarcimos derechos que les fueron violados a las personas, pero también hay que aclarar que no hay pérdida del patrimonio, al contrario, se rescata y se materializará con este contrato de compraventa”.
En su intervención en la sesión de Cabildo, el regidor del Partido Verde, Gustavo Mercado Garay, puntualizó que de acuerdo con peritajes externos, sí hubo afectación a ejidatarios, por eso, la necesidad de resarcir el daño, independientemente de los tintes políticos. “Somos parte de la nueva política donde los servidores no abusan de su poder, donde las faltas ya no quedan impunes, y donde siempre promovemos los derechos de la ciudadanía. Los servidores públicos que incurrieron en estas faltas en días pasados fueron expulsados del partido político Morena, en el que no tienen absoluta participación, en pro de San Luis Potosí. En este Ayuntamiento, la Cuarta Transformación está representada por el Partido Verde y Partido del Trabajo”.