-La víctima debió regresar a su oficialía del Registro Civil, Nava se negó
En su escrito, Carrizales Hernández que fuera desalojada con violencia y sin mandato judicial por la fuerza pública municipal el 1 de julio del 2019 de su oficialía del Registro Civil, por instrucciones del mismo Nava y el secretario general del ayuntamiento, Sebastián Pérez, expone que su nombramiento como servidora pública y su desempeño se han dado conforme a derecho y que está registrada como víctima en la instancia correspondiente.
Solicitó que se inicié la investigación correspondiente y se realicen los actos y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos de los que fue víctima, y ante la presunción de la existencia de violencia política y de género en su contra, también solicitó a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que gire un oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que se “analice si existieron las conductas mencionadas y sancione conforme a derecho”.
Del mismo, pidió que se mande copia al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para que analice “la posible comisión de actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas”.
La abogada Carrizales también solicitó que le sea subsanado lo necesario para que conforme al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se de vista a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral.
En la narración de hechos, la víctima recordó que a pesar de contar con el nombramiento en regla de oficial del registro civil desde el gobierno torancista, hace más de un año fue desalojada por la policía municipal encabezada por el comisario Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, “quienes me lesionaron, arrestaron y privaron ilegalmente de la libertad, llevando a cabo una suerte de cateo entre los archivos, cajones, expedientes”.
El jefe policiaco no mostró ningún mandamiento judicial que fundamentara su proceder, solo fue una orden del alcalde Nava ejecutada por medio del secretario Pérez y Jiménez Arcadia, desde ese día se le impidió el acceso a su oficina, por esta acción los mencionados enfrentan un procedimiento por abuso de autoridad y lo que resulte.
En abono a su denuncia, la CEDH emitió en septiembre del 2019 una recomendación dirigida a Nava Palacios por violación de derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad personal y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y libertad personal en agravio de Teresa Carrizales; el entonces alcalde en funciones la aceptó en su totalidad el 20 de septiembre del 2019, pero no la cumplió.
La abogada quedó inscrita en el Registro Estatal de Víctimas; luego en marzo de este 2020 para tratar de dar cumplimiento a la recomendación se realizó una reunión en Palacio de Gobierno y en la que se acordó que Teresa Carrizales regresaría a su oficialía del registro civil como parte de la reparación del daño sufrido, lo cual no ha sucedido de ningún modo.
En la Unidad Administrativa Municipal se realizó la “disculpa pública institucional” hacia Teresa Carrizales por parte del secretario general del ayuntamiento Sebastián Pérez García; además el personal municipal recibió recursos de derechos humanos para evitar que se repitan este tipo de actos violentos en contra de las mujeres.
La quejosa manifiesta en este reciente escrito de denuncia que a la fecha Nava Palacios “me ha seguido restringiendo el acceso a las oficinas de la oficialía del registro civil”, ni le ha dado una explicación fundada de tal omisión; tampoco ha recibido su salario que le corresponde ni prestaciones a las que tiene derecho como servidora pública, servicio médico para ella e hijo menor de edad.
El contralor municipal José Mejía Lira también ha sido negligente al no cumplir con la recomendación de la CEDH, porque no ha emitido una resolución del procedimiento administrativo por la violencia ejercida en contra de Carrizales en el desalojo de su oficina; tampoco ha sido separado del cargo el comisario Jiménez Arcadia mientras estén en curso las investigaciones y procedimientos.
