Expresaron que el alcalde Nava se inventó un “órgano garante como observador de las asambleas de los pueblos”, es una figura “sin sustento legal y representa un acto de intromisión a la autonomía y libre determinación de las comunidades, cuando este derecho está consagrado en la Constitución”.
Al alcalde Nava ya se le acabó el plazo y sigue sin acatar la sentencia judicial, la justicia federal ya le dio un ultimátum para que cumpla, es por ello “que apura sus simulaciones” de una consulta.
La sentencia le ordenó:
“LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS PARA ATENDER O CANALIZAR, CON RESPETO A SU CULTURA, USOS, COSTUMBRES, TRADICIONES Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, LAS DEMANDAS Y PROPUESTAS DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN Y QUE CORRESPONDAN A SU COMPETENCIA; EL QUE, ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA QUE HABLE Y ESCRIBA SUFICIENTEMENTE LA LENGUA O LENGUAS INDÍGENAS DE LA REGIÓN DE QUE SE TRATE, LA QUE SERÁ PROPUESTA DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS, Y RATIFICADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.”
En la capital potosina solo existen 3 comunidades legal y debidamente registradas en el Registro de Comunidades del Estado; la Comunidad Mixteca Baja, Comunidad Triqui y Comunidad Mazahua. Esta última es la que ganó el amparo 116/2019.
Existen otras personas y grupos de trabajo que estrictamente no son comunidades, pero que se autoadscriben indígenas.
De conformidad al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y las leyes en materia indígena del estado; el acto de elección del Director de Asuntos Indígenas corresponde a las comunidades de conformidad a sus sistemas normativos y debe ser en todo momento de buena fe y respetadas sus asambleas.
Inventarse por el Municipio un “órgano garante como observador de las asambleas de los pueblos”, resulta ser una figura sin sustento legal y representa un acto de intromisión a la autonomía y libre determinación de las comunidades, cuando este derecho está consagrado en la Constitución. Sin duda esto será cuestionado en los tribunales.
Algunos integrantes de este invento de “órgano garante” carecen de toda autoridad moral y legal para fungir ahora como “garantes”, cuando han sido parte de las omisiones y violaciones que fueron derrotadas en el juicio de amparo interpuesto; tal el es el caso del INDEPI que ha sido el principal violador de la ley de Consulta indígena en esta ciudad y en varios municipios del Estado, donde por cierto, se les han ganado otros amparos en Tanlajas, Tamazunchale, Axtla, Matlapa, Valles, Tampamolón, etc.
¿Dónde ha estado el CEEPAC, cuando se violaron y se siguen violando los derechos políticos de los indígenas?, tanto que no hay un solo diputado indígena en la actual legislatura.
O bien, cuando se violaron los derechos de los consejeros indígenas del Consejo Consultivo, y cuando se violaron las elecciones de directores de asuntos indígenas en los municipios; ¿porqué ahora si le interesa tanto el tema? Iremos a visitarle para preguntarle, advirtieron.