El secretario general ordenó a Jiménez Arcadia que comisionara a elementos de la DGSPM “para presentarse el día de hoy en las Oficinas de la Oficialía 11 del Registro Civil, sitio en el que sucederá el acto de verificación del retiro de la ex servidora pública referida, salvaguardando el inmueble y bienes que en el se encuentran”.
A pesar de que en repetidas ocasiones Pérez García dijo desconocer quién dio la orden del desalojo, hoy apareció el oficio que en su última parte dice que el desalojo “se deberá realizar en estricto apego del marco jurídico aplicable, y en respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas que intervengan en los actos”.
Con esto, pese a que la responsabilidad de la orden es de Pérez García, quien podría ser el único sancionado es Jiménez Arcadia al encabezar el acto que ha sido criticado por la opinión pública y que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos calificó como excesivo e incorrecto.
Otro punto a destacar es que existe un acuerdo del Cabildo propuesto por el grupo de regidores del Partido Acción Nacional, en el que solicitan que quien haya ordenado el desalojo de Teresa Carrizales, en automático salga de la administración, con lo cual, independientemente del castigo a Jiménez Arcadia, Pérez García debiera ser removido de su cargo.
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