NECESARIO SUJETARSE A LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS CUALES EL ESTADO MEXICANO FORMA PARTE, PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La diputada Marite Hernández Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que “es para esta legislatura una prioridad la escucha de especialistas de temas que aquejan a la ciudadanía, pues se deben atender las problemáticas que son una realidad que afectan sensiblemente a cada sector de la población”
Refirió que, a la comisión de Derechos Humanos Igualdad y Género, le fue turnada la iniciativa que plantea establecer lineamientos para la implementación de consulta pública de las personas con discapacidad, presentada por los diputados; Pedro César Carrizales Becerra, Alejandra Valdés Martínez, Martha Barajas García, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, Angélica Mendoza Camacho, María Isabel González Tovar y Rolando Hervert Lara.
La diputada dijo que, en San Luis Potosí existen 183,883 personas con discapacidad, cifra que representa el 6.5 del total de la población y coloca a la entidad en la número 15 dentro de las que tienen mayor porcentaje de población con algún tipo de discapacidad.
Así mismo, de acuerdo con la encuesta nacional de dinámica demográfica 2018, también existen 46,899 personas en condición de limitación, representando el 6.3% de la población total, ubicando al estado de San Luis Potosí en el lugar 14 a nivel nacional en cuanto a porcentaje de población en condición de limitación.
Explicó que, los municipios con mayor población con deficiencia física o mental son; San Nicolas Tolentino, Armadillo de los Infante, Rayón, Villa Juárez, San Ciro de Acosta, Villa de Guadalupe, Guadalcázar, Santo Domingo, Santa Catarina.
En el foro participaron; Silvia Quan, Investigadora, asesora senior en Derechos Humanos de la Alianza Internacional de Discapacidad; Amalia Gamio, miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas; Gerardo Gaya, Fundador y Presidente Ejecutivo de Iluminemos de Azul.
Los expertos coincidieron en la obligación del gobierno, para consultar a las personas con discapacidad respecto a sus necesidades, así como a las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos de personas con discapacidad.
Argumentaron la importancia de tomar en cuenta los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte y con base en ello, armonizar las leyes, pues se siguen observando casos de discriminación en diferentes ámbitos públicos, los cuales deben ser erradicados desde la legislación.
Finalmente, la presidenta de la comisión, reiteró su compromiso del Poder Legislativo en escuchar todas las voces y organizaciones, con el objetivo de crear instrumentos legislativos que abonen al desarrollo social y destierren la discriminación hacia las personas con discapacidad.
