DEBERÁ APLICAR SANCIONES A LAS INSTITUCIONES QUE NO LOGREN ACLARAR LAS INCONSISTENCIAS Y RECUPERAR LOS RECURSOS PÚBLICOS OBSERVADOS.
Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, la legisladora Sánchez Olivares indicó que la Comisión de Vigilancia, con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Control, realiza el análisis de los informes presentados por la Auditoría Superior del Estado, para elaborar los dictámenes que presentará posteriormente al pleno para su votación.
“La Unidad de Evaluación y Control está haciendo una revisión de los informes, al igual que nosotros de manera personal; el día de mañana la Unidad de Evaluación y Control nos va a entregar los resultados de lo que revisaron, que propiamente se le llama como dictamen, para nosotros poder analizarlos y llegar el día lunes a la reunión de la Comisión de Vigilancia para discutirlos y votarlos. De ahí, se mandan a la Directiva para que aproximadamente el 13 de noviembre se estén votando en el pleno”.
Subrayó que el trabajo que realiza la Comisión de Vigilancia en el análisis de estos informes de auditoría se hace de manera transparente, ya que se encuentra integrada por diputados representantes de diversas fuerzas políticas.
Agregó que de acuerdo a la ley, la Auditoría Superior del Estado tiene las atribuciones para continuar con los procedimientos de solventación y aclaración de observaciones, así como de emitir las sanciones correspondientes en los casos que existan irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
En este sentido, la Comisión de Vigilancia estará al pendiente del desarrollo de estos trabajos para solicitar información puntual sobre los procesos de solventación de los entes auditados, y en su caso, de las sanciones aplicables, así como el reintegro de recursos al erario.
“La Comisión de Vigilancia tiene la atribución y responsabilidad de estar exhortando a la Auditoria Superior del Estado para que nos esté informando cómo va el tema de la solventación o aclaración y en su caso, la denuncia o lo que se realice para garantizar que se recupere recurso público que haya sido mal aplicado, y que se sancione a quien haga mal uso de los recursos de los potosinos”
