Afirmó que el derecho de consulta es fundamental para los pueblos indígenas. Reconocerlo, es también hacerlo con el carácter político de su autonomía, su identidad y su capacidad política colectiva. Al darles ese peso y valor a las comunidades indígenas en tanto colectividades políticas, es admitir su enorme valor y aporte en la construcción de acuerdos políticos, culturales y sociales que definen los rasgos de la forma de organización política del Estado.
Dijo que la consulta a pueblos y comunidades indígenas es un rasgo de inclusión del Estado mexicano que hace más legítimas las decisiones, planeaciones y políticas públicas que se diseñan, orientan y dirigen a la atención de pueblos y comunidades indígenas. Su objetivo consiste en obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas para llevar a cabo programas y proyectos que afectan a la comunidad.
El diputado Guajardo Barrera señaló que en San Luis Potosí del total de la población, el 23.20 por ciento se autoadscribe como indígena, pero únicamente el 9.4% del total es hablante de alguna lengua originaria. Ello significa que, aunque no es población mayoritaria, su proporción es significativa, particularmente porque los pueblos y comunidades indígenas tienen niveles de desarrollo que exigen un compromiso muy claro de los gobiernos con sus necesidades, la primera: ser escuchados.
“Sobre todo, considerando que los problemas de justicia tienen una connotación, naturaleza y dinámica muy particular en el caso de pueblos y comunidades indígenas. En nuestro estado, están registradas 400 comunidades y mil 345 localidades indígenas, en una población de casi 3 millones de habitantes. Esto quiere decir que cerca de 660 mil 262 personas se consideran indígenas, y que de ellas 167 mil 520 hablan una lengua originaria”, informó.
Por esas razones, se considera de tanta relevancia que el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada que habrá de atender los asuntos relacionados con pueblos y comunidades indígenas en el estado, sea sometido a consulta y de esa manera una decisión de gran trascendencia social sea investida de legitimidad de origen, lo cual fortalecerá aún más su legitimidad de ejercicio.
“Por si no fuera suficiente, la propuesta de esta iniciativa, además tiene plena viabilidad política, porque estamos proponiendo es algo que además el Fiscal General del Estado ha declarado públicamente que está dispuesto a llevar a cabo, es decir, someter a consulta el nombramiento, lo que habla positivamente de su voluntad política incluyente, y lo que se lograría con la modificación que proponemos, es darle una base jurídica bajo el axioma jurídico de que las autoridades solo pueden hacer aquello que las leyes expresamente les permiten”, puntualizó Rubén Guajardo.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis.
