San Luis Potosí SLP.- En reunión de la Comisión de Hacienda del Estado, se acordó realizar una visita a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, por parte de las comisiones unidas de Hacienda del Estado y Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, a fin de conocer su funcionamiento y operatividad.
Esto debido a que la Fiscalía General, solicita aumento presupuestal para diversos rubros, situación que deberá ser analizada por la Secretaría de Finanzas, indicó el diputado Antonio Gómez Tijerina, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado.
Precisó que en este año, la Fiscalía cuenta con un presupuesto autorizado de 1,186 millones de pesos, y solicita 400 millones más, “y necesitamos la justificación del uso de los recursos, y por eso es importante que las comisiones de Seguridad Pública y la Comisión de Hacienda tengamos el recorrido y conozcamos las necesidades de la Fiscalía”.
En otro punto, se aprobó la iniciativa que plantea reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de modificar los
plazos para la presentación de las cuentas públicas por parte de los entes obligados, al pasar del 15 de marzo como está establecido actualmente, al 31 de enero.
También se modifica el plazo para que la Auditoría Superior del Estado presente sus informes individuales y el general de auditoría, al Congreso del Estado, al pasar de finales de octubre al 15 de agosto del año. La iniciativa, que previamente fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales, continuará su análisis en las comisiones de Justicia y Vigilancia.
Además, se acordó enviar un oficio a la Secretaría de Finanzas para solicitar la liberación del recurso correspondiente a gasto de operación de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, que corresponde a un monto cercano a 1 millón de pesos.
