San Luis Potosí SLP.- En sesión ordinaria el pleno de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con la cual se busca asegurar la continuidad sin interrupción ni demora del trabajo y prestación de servicios a cargo de las instituciones del Estado, así como de los municipios, a la luz de una oportuna, transparente, ordenada y completa entrega-recepción de los asuntos, archivos, programas, recursos y demás medios asignados para el cumplimiento de la función, empleo, cargo o comisión de las personas que ejercen el servicio público.
Este nuevo ordenamiento permitirá llevar a cabo mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas, identificando en forma clara y precisa a todos los destinatarios de la ley, así como sus obligaciones, plazos y requisitos que dentro del acto administrativo de entrega-recepción deberán observar, con motivo de su separación del empleo, cargo o comisión.
Esta nueva ley se aprobó porque la vigente Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de 
San Luis Potosí fue expedida por la entonces Quincuagésima Cuarta Legislatura mediante Decreto 232, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de diciembre de 1994. Es así que a más de 22 años de su expedición, reporta anacronismo, haciéndose necesaria su actualización en armonía con el andamiaje jurídico nacional y local.
Esta nueva Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de San Luis Potosí, y tiene por objeto establecer las disposiciones generales conforme a las cuales los servidores públicos de los Poderes del Estado y de sus dependencias, entidades, órganos u organismos, municipios, organismos constitucionales autónomos, administraciones públicas paraestatal y paramunicipales, y en general, cualquier entidad, persona física o moral , pública o privada, que le corresponda administrar, aplicar o recibir por cualquier título recursos públicos, fondos, bienes o valores que entregarán a quienes los sustituyan en el empleo, cargo o comisión, los recursos humanos, financieros y materiales, así como la información, documentos y asuntos de su competencia que les hayan sido asignados y generado en el desempeño de sus funciones.
Es obligación de todo servidor público al separarse de su empleo, cargo o comisión, sin importar el motivo que genere la separación, entregar a quien oficialmente lo sustituya en sus funciones y en su defecto conforme a lo establecido en esta Ley, los recursos financieros, humanos, materiales y patrimoniales que le hayan sido asignados para el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus funciones, incluyendo la documentación y archivos debidamente clasificados en términos de la ley de la materia, con la finalidad de garantizar la continuidad del trabajo y consecución de los planes, proyectos y programas establecidos, así como la prestación de los servicios públicos.
La misma obligación tendrá cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, que en el marco de sus atribuciones y funciones le corresponda administrar, aplicar o recibir por cualquier título recursos públicos; entre otros preceptos que contempla este nuevo ordenamiento.
Antes de este asunto fue aprobado por mayoría, con 23 votos a favor, 1 en contra y una abstención, reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí.
Con el objetivo de que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) cuente, dentro de sus facultades, con la posibilidad de gestionar y recibir fondos de agencias donantes particulares y públicas, nacionales y extranjeras, en los términos que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Asimismo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que ya cuenta con esta facultad, lo haga en los términos del citado ordenamiento.
Lo anterior porque a partir de la reforma constitucional de febrero de 2014 surgió una nueva etapa en materia de transparencia, la cual representó un cambio significativo en el que se amplió la normativa y las obligaciones de los organismos garantes para actuar. Las leyes generales y locales en materia de protección y garantía de diversos derechos humanos, han dotado de mayores atribuciones a los órganos garantes correspondientes empero no ha sido posible otorgar mayores recursos a los mismos, situación que ocasiona que no se cuente con capacidades institucionales suficientes para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que la propia Constitución obliga a tutelar.
Por tanto, con esta reforma a las leyes mencionadas se dota a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) de herramientas que faciliten o que le puedan abrir la puerta a obtener mayores recursos financieros en la consecución de sus objetivos, para que cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para la garantía del derecho de acceso a la información pública en el Estado.
Se aprobó por unanimidad reformar la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí, a fin de promover e impulsar el desarrollo de capital social en el sector agropecuario, a partir del impulso a la asociación, así como a la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente con el objetivo de fortalecer estructuras que favorezcan la participación y colaboración de productores y agrupaciones de éstos, para mejorar la calidad de vida en el sector rural, dando prioridad a los sectores de población más débiles económica y socialmente, así como a sus organizaciones.
Con el objetivo de hacer una mejor distribución de los programas y aplicación de las políticas como la autorización de créditos. Asimismo, organizar y planear la producción y actividades del sector rural del Estado, su transformación y comercialización, con el propósito de garantizar a la población rural el bienestar y la participación e incorporación en el desarrollo.
Fue aprobado por mayoría, con 25 votos a favor y 1 en contra, autorizar al ayuntamiento de Rayón suscribir convenio con el ciudadano Rufino Aguilar Rodríguez para el pago de laudo laboral dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente número 768/2007-M-4, por la cantidad de $650,000.00 en un periodo máximo de setenta y cuatro meses.
Se aprobó por mayoría, con 19 votos a favor y 1 en contra, un punto de acuerdo que presentó el diputado Oscar Bautista Villegas para exhortar al titular del Ejecutivo Federal para analizar el incremento de recursos asignados al Seguro Popular para ampliar padrón de beneficiarios en el Estado de San Luis Potosí, así como para incrementar la cobertura de atención del mismo; asimismo, para exhortar a la Secretaría de Salud a nivel federal para que se analice incorporar la cobertura de aspectos vinculados a la atención integral de trasplantes, enfermedades renales, cáncer, infarto agudo al miocardio, diabetes e hipertensión, en favor de los beneficiarios del Seguro Popular.
Se aprobó por mayoría, con 21 votos a favor y 1 abstención, un punto de acuerdo que presentó la legisladora María Graciela Gaitán Díaz para exhortar respetuosamente a las instituciones públicas del orden estatal, y municipal, a establecer un Plan de Accesibilidad e Inclusión Funcional y aplicable para el mejoramiento de los servicios en beneficio de las personas con discapacidad al interior de dichas instituciones.
Fue aprobado por mayoría, con 21 votos a favor y 1 en contra, un punto de acuerdo que presentó la diputada María Graciela Gaitán Díaz, para exhortar respetuosamente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), para que, considerando las atribuciones que la legislación estatal le otorga y con el apoyo de los partidos políticos de la entidad, se implementen y refuercen en este tiempo electoral, previo al proceso 2018, acciones reales tendientes a prevenir, combatir y erradicar todo acto que pueda ser constitutivo de violencia política de género.
Se aprobó la licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, a partir del 26 de marzo del año en curso, al diputado Jorge Luis Díaz Salinas, y se citó a su suplente Raúl Zúñiga Padilla a que rinda protesta de ley, el próximo 5 de abril, para desempeñar el cargo de legislador.
Fue aprobada la licencia para separarse de su cargo, a partir del primero de abril hasta el 2 de julio del año en curso, al diputado Oscar Carlos Vera Fábregat, y se citó a su suplente Eduardo Izar Robles a que rinda protesta de ley, el próximo 5 de abril, para desempeñar el cargo de legislador.
Se aprobó la licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, a partir del próximo primero de abril, a la diputada Cecilia de los Ángeles González Gordoa, y se citó a su suplente, en base a la lista registrada ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), para que rinda protesta de ley para desempeñar el cargo de legislador (a).
En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; demás Poderes del Estado; ente autónomo; ayuntamientos y organismos paramunicipales e intermunicipal; ente federal autónomo; Poder Federal; Particulares e Iniciativas.
En asuntos generales los diputados José Luis Romero Calzada y Sergio Enrique Desfassiux Cabello participaron, por separado, en la Tribuna Legislativa para desarrollar diversos tópicos.
Antes, en sesión solemne del Congreso del Estado rindieron protesta de ley como legisladores José Paz Villanueva Contreras y Eduardo Guillén Martell, suplentes de los diputados con licencia Roberto Alejandro Segovia Hernández y Manuel Barrera Guillén, respectivamente.
Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a partir de las 10 horas del lunes 26 de marzo del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Poder Legislativo de Jardín Hidalgo número 19.
