Lo anterior lo dio a conocer el Presidente de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXII Legislatura, diputado Ricardo Villareal Loo, quien señaló que por el momento sería muy aventurado establecer un criterio sobre el impacto que le representaría al poder ejecutivo, la implementación del arancel al precio del tomate, tomando en cuenta que ambos invernaderos exportan la totalidad de su producción.
El legislador dijo que de entrada la decisión del gobierno norteamericano por aplicar el arancel del 17.5 por ciento al jitomate de exportación podría traer consecuencias negativas para San Luis Potosí, por lo que es necesario tomar las previsiones necesarias y para ello, se estaría analizando la posibilidad de invitar al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Daniel Pedroza Gaitán.
El objetivo es que explique de manera muy puntual sobre las medidas que se estarían tomando para proteger la producción de los invernaderos de Santa Rita que se ubica en el municipio de Rioverde, así como el invernadero del Huevo que se encuentra en el municipio de Cedral.
El diputado Ricardo Villareal Loo, consideró que estas presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos en contra del jitomate mexicano de exportación es una consecuencia de la política exterior que está desarrollando México y que seguramente tendrá un impacto negativo para los productores de nuestro país.
Por otro lado, el legislador dio a conocer que durante la próxima reunión de la Comisión de Hacienda del Estado se someterá a un análisis de fondo, la información que les fue entregada de parte de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, en torno a las condiciones en que opera tanto el invernadero de Santa Rita como el Huevo, pues en su momento, existían algunas dudas, sobre los costos y sueldos que se entregan a los funcionarios encargados de su operación.
No obstante, el diputado reconoció que ambos invernaderos son rentables para el Gobierno del Estado, pues su operación genera ganancias que deben ser clarificadas con puntualidad a fin de garantizar que su manejo se desarrolle bajo los esquemas de transparencia que establece la ley.
