El legislador explica, en su exposición de motivos, que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, significó la vigencia de un nuevo conjunto de herramientas contra la corrupción, que en armonía con las Leyes Federales, establece las faltas administrativas graves que involucran: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia, que se encuentran contenidas en los artículos 50 a 63 de la citada Ley local.
“Como se puede apreciar, las conductas clasificadas como faltas administrativas graves, causan severos daños a la función pública, ya que afectan a los fondos públicos, al cumplimiento del deber de las instituciones y a su independencia, e incluso los intereses de particulares al vulnerar los principios de igualdad en las relaciones con los entes públicos, por lo que dañan enormemente la credibilidad de las instituciones y de quienes se desempeñan en ellas”.
Agrega que el esquema de sanciones para los servidores públicos por faltas graves, busca corresponder al alcance de las mismas, por eso consisten en: suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Sin embargo, la facultad para ejercer la imposición de sanciones está sujeta a la prescripción, que de acuerdo a la Ley contiene una prescripción negativa, aplicable a los 7 años de cometida una falta administrativa grave; sin embargo, en esta propuesta se considera ampliar el plazo de prescripción para tales infracciones, dejándolo en 10 años.
“El propósito es, en vista del alcance negativo de dichas faltas, disminuir las posibilidades de que quienes cometan tales ilícitos queden impunes, fortaleciendo la aplicación del Estado de Derecho frente a los presuntos actos de corrupción”, manifiesta el legislador.
Zapata Meraz señala que se busca generar condiciones disuasivas que reduzcan el umbral de impunidad y las aparentes ventajas que un acto corrupto puede tener para los infractores a través del transcurrir del tiempo; esto con el fin último de cerrar espacios a la corrupción y ampliar los términos de aplicación de la Ley.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Gobernación y Justicia.
