Esta modificación establece como funciones del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se integran diversas dependencias como la Fiscalía General del Estado, el Instituto de las Mujeres del Estado; el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y el Centro de Atención Integral a Víctimas, el promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres, enfatizando la sensibilización a favor de las mujeres indígenas y del campo, las víctimas de violencia, con alguna discapacidad y migrantes
Detalla la diputada en su exposición de motivos, que se requiere reforzar las acciones de protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia para que se evite la revictimización de ellas por parte de las autoridades y todas las personas involucradas en su proceso de atención, con especial énfasis en las mujeres con discapacidad y las mujeres migrantes, quienes la mayoría de las veces pasan desapercibidas debido a su condición y son simplemente olvidadas y sin derecho alguno.
Agrega que de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, invariablemente las mujeres indígenas son objeto de mayor discriminación, vejaciones y violencia de todo tipo, razón por la que en este instrumento internacional se plasman diversos compromisos en materia de difusión, protección y tutela de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Señala que este aspecto de protección debe insertarse de manera literal en nuestra legislación, a efecto de dar cumplimiento a dichos compromisos contraídos por nuestro país en materia de derechos humanos, tanto de las mujeres en el ámbito indígena y en el sector rural.
“Las mujeres del campo requieren especial atención pues a la vez que las mujeres indígenas son objeto de rezago, discriminación y de prácticas machistas, lo que las aleja de los beneficios de los programas gubernamentales, mejoras en la calidad de vida y por ende mejora en sus condiciones de vida en general”.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género para su análisis.
