En la iniciativa presentada se señala que el Comité de Prevención del Delito y Participación Ciudadana es una instancia que debe promover que las instituciones de seguridad pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, sin embargo la ley no abunda sobre la conformación o atribuciones específicas del organismo, a pesar de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros han advertido sobre los beneficios de su fortalecimiento, como la asesoría por expertos y los bajos costos de operación.
Por lo tanto, se plantea fortalecer el Comité, primeramente incluyendo su definición en la ley; en segundo término respecto a su integración, se propone que tiene que reunir a los ciudadanos con las autoridades estatales por motivos de coordinación y en el marco del Sistema Estatal de Seguridad.
Es así que se propone fortalecerlo al permitir que se integre por dos miembros de la iniciativa privada, dos académicos con conocimientos en temas de seguridad pública o derecho y dos representantes de la sociedad civil. Además, de incluir a un representante del Secretariado Ejecutivo y a un representante de la Fiscalía General del Estado, los que serán designados directamente por las autoridades.
En tercer lugar, los nombramientos, se harían a través del Congreso del Estado, fortaleciendo su autonomía y pluralidad. Se lanzaría una convocatoria dirigida a las instituciones educativas, cámaras y organizaciones de la iniciativa privada y asociaciones civiles para presentar a sus candidatos, los cuales no deben haber ocupado puestos de elección popular en el último año previo a su elección. Luego, se elegirían mediante dictamen de la Comisión de Justicia, que iría a votación al Pleno. El cargo tendría que ser honorario y duraría cuatro años en funciones.
Finalmente, en cuanto a las atribuciones y funcionamiento del Comité, éste podrá emitir su Reglamento, designar a su presidente, que debe ser ciudadano, así como a su secretario y vocales. El organismo debe reunirse cuando menos cada tres meses y las resoluciones del Comité deben tomarse por mayoría de votos.
El involucramiento y la participación ciudadana en la seguridad pública deben ser soportados y sustentados por la legislación, mediante la creación y consolidación de los espacios destinados a ese fin. La participación de la sociedad civil puede es una de las mejores herramientas para retroalimentar la política de seguridad estatal, y buscar formas de crear corresponsabilidad entre la ciudadanía, para lograr mejores resultados en el cuidado de todas y de todos.
En cumplimiento de un compromiso establecido en mi campaña, presento esta iniciativa para legislar a favor de la participación ciudadana en el tema de seguridad pública; sostuvo el legislador Zapata Meraz.
