En su exposición de motivos, el diputado explica que se busca que ante una demanda por alimentos o pensión alimenticia, brindar al cónyuge acreedor alimentario una respuesta inmediata a su demanda de alimentos, tomando en consideración, que los alimentos constituyen una prioridad de naturaleza urgente e inaplazable, que tienden a asegurar la subsistencia de las o los acreedores alimentario en el ámbito familiar.
Por ello, señala el legislador, “en la presente iniciativa se establecerá el que una vez que a criterio del juez se colmen los presupuestos que se requieren para decretar una pensión alimenticia provisional y de contarse con los datos de la fuente de trabajo del deudor alimentario, desde el auto de radicación y sin previo emplazamiento, se ordene girar oficio a la persona física o moral de quien perciba el ingreso el deudor alimentista, para que retenga la cantidad o cantidades correspondientes y los ponga disposición del juzgado, para que de inmediato se haga entrega de la misma a quien tiene derecho a recibir alimentos, incluyéndose todas aquellas prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtenga el deudor, como producto de su trabajo”.
Agrega que ello, principalmente con el objetivo de salvaguardar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes e incapaz; aportando así las herramientas necesarias para que el juzgador pueda impartir justicia de manera pronta y expedita, en beneficio de los potosinos.
Esto, también con independencia de que al momento del emplazamiento se embarguen bienes del deudor para garantizar alimentos, de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Al efecto, debe quedar claro que la presente iniciativa, de ninguna manera deviene en inconstitucional o ilegal, ya que sobre el particular, el máximo tribunal del país, también concluyó que el derecho a los alimentos es de orden público y de interés social, y que por ende el Estado está obligado a tomar las medidas encaminadas a garantizar su cumplimiento, como sería la potestad coercitiva del Estado que puede aplicar sobre los miembros de la familia, en beneficio de ella misma, a efecto de brindar la debida protección de la célula social”, manifiesta.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones de Justicia; y Derechos Humanos, Igualdad y Género.
