San Luis Potosí SLP.- Para garantizar la atención a las víctimas de violencia de género, la diputada Beatriz Benavente Rodríguez presentó una iniciativa de reforma al artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La reforma plantea que las acciones que realicen las autoridades estatales y municipales en la atención a las víctimas de violencia de género, deben ser tendientes a garantizar el derecho a la justicia y además, establecer expresamente que los servidores públicos que nieguen u omitan acciones para la atención a las víctimas deberán ser sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En su exposición de motivos, la diputada señala que la violencia contra las mujeres, en sus diversas manifestaciones, sigue presente en nuestro país y entidad. De acuerdo al INEGI, en su Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH, del 2016 en San Luis Potosí el 56.7% de las mujeres en San Luis Potosí señaló haber sufrido algún tipo de violencia; de esa cantidad solo el 9.4% presentó una queja o denuncia y únicamente el 2.2% pidió apoyo a una institución.
Las cifras de denuncia resultan alarmantes, ya que representan una parte mínima del total de los casos captados por la encuesta; cuya mayor proporción, en las estadísticas de las instituciones responsables, permanecerían de hecho como una cifra negra.
Agrega que las propias mujeres encuestadas señalaron como los motivos de la falta de denuncia el miedo a las consecuencias y la vergüenza; ante eso se perfila como un asunto de mayor importancia el fomento de la denuncia y la garantía de un correcto manejo de la misma por parte de las autoridades encargadas, que redunde en una mayor confianza hacía las instituciones y un mayor número de casos atendidos.
A la par de la falta de denuncia, las víctimas también han referido que, ante la búsqueda de apoyo institucional, son atendidas por autoridades, sean de cualquier nivel, que en muchos casos les niegan la atención o que son omisos al respecto de sus obligaciones, lo que obstruye el acceso a la justicia, en detrimento directo de un derecho reconocido en la Ley.
Agrega que con la aprobación de esta reforma se mejoraría la certeza jurídica en dos aristas: en lo referente a los derechos de las víctimas, específicamente en el derecho a la justicia; y en lo tocante al marco de actuación de las autoridades, sus deberes y los supuestos de adquisición de responsabilidades, ya que aunque el incumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por parte de las autoridades, constituya una falta, el cuerpo jurídico no contiene una disposición general en materia de responsabilidades.
“Como parte de las acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres, el Poder Legislativo debe continuar en su labor de mejorar el marco legal, asegurar los derechos de las víctimas, y en este caso concreto, colaborar para que quienes hayan sufrido violencia opten por recurrir a las autoridades y realicen las denuncias correspondientes en las mejores condiciones de certeza jurídica”, señala la legisladora.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia; y Derechos Humanos, Igualdad y Género para su análisis.
