Durante el 2018, se emitieron 274 medidas precautorias: 100 a la dirección general de Interapas, por cortes arbitrarios al suministro de agua potable; 56 a servicios educativos, 34 a autoridades municipales, 34 contra Secretaría de Seguridad Pública, y 23 contra la Fiscalía General del Estado, entre otros
El diputado Pedro Carrizales Becerra, presidente de esta comisión legislativa, señaló que con esta presentación se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, y que será analizado por los diputados para realizar las observaciones que sean necesarias al mismo.
En su exposición, el funcionario informó que durante el año 2018 que informa, se brindaron 6 mil 068 atenciones brindadas, entre las que se encuentran 3,652 orientaciones jurídicas; 1,445 quejas; 823 canalizaciones y 148 gestiones.
En lo referente a las quejas, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado encabeza con 205; la Fiscalía
Entre la principales violaciones a los derechos humanos que se informan son: acciones y omisiones contrarias a las que señala la ley, prestación indebida del servicio público, detenciones arbitrarias, lesiones, dilación o retraso injustificado de la integración de los expedientes de investigación penal, maltrato a los estudiantes, omitir fundar o motivar el acto de autoridad, omitir dar respuesta a la petición formulada por las personas.
Durante el 2018 se emitieron 274 medidas precautorias: 100 a la Dirección General de INTERAPAS, por cortes arbitrarios al suministro de agua potable; 56 a Servicios Educativos, 34 a autoridades municipales, 34 contra Secretaría de Seguridad Pública, y 23 contra la Fiscalía General del Estado, entre otros.
Se emitieron 8 recomendaciones a la Fiscalía General del Estado; 7 a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; 5 a los Servicios de Salud; 2 a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí; 2 al Sistema Educativo Estatal Regular y 13 en general contra otras autoridades.
Indicó que se emitió una recomendación general a la Fiscalía General del Estado por la desaparición de un autobús con trabajadores jornaleros en 2010, que está en etapa de cumplimiento.
También, derivado de un convenio de colaboración Pro Bono con el despacho jurídico “Data Legal Abogados S.C” se promovieron dos acciones de inconstitucionalidad al considerar que las normas impugnadas violentan los derechos humanos reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de las leyes de ingresos de diversos municipios de San Luis Potosí, y contra la reforma a los artículos 11 y 40 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Además, participan en programas especiales para la atención e investigación de violaciones a los Derechos Humanos, a la integridad y seguridad personal en casos de tortura; y un programa especial para atención de familiares de personas desaparecidas.
Indicó que con el apoyo de la Unión Europea y de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional y el Desarrollo para culminar los modelos de prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, mujeres en las empresas y jornaleros indígenas migrantes, situación que coloca a la Comisión como pionera a nivel nacional en estas temáticas.
El titular de la CEDH informó que en este año que se informa, se realizó una mayor promoción de la cultura y respeto a los derechos humanos, la participación en mesas de trabajo para atender lo relativo a la Alerta de Violencia de Género decretada para 6 municipios de San Luis Potosí decretada en 2017, donde se buscará proponer la ampliación de este mecanismo para dos municipios más Ciudad Valles y Rioverde.
Para finalizar, el diputado Pedro César Carrizales manifestó que del análisis que se realice este informe al interior de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género se podrán presentar algunas propuestas en relación a promoción de respeto a los derechos humanos.
