Precisó que como resultado del trabajo de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, el pleno del Congreso del Estado votó el informe general de auditoría, el informe de los tres Poderes del Estado, de 6 entes públicos, 58 ayuntamientos, 21 organismos operadores de agua potable, 22 sistemas DIF y 1 Instituto Municipal de Vivienda; así como la reposición de la cuenta pública del municipio de Ébano, ejercicio fiscal 2016.
Dijo que en el caso de la cuenta pública de DAPA en Ciudad Valles, no se pudo concretar, debido a que estaban tomadas las instalaciones; y el faltante es un instituto de vivienda en Ciudad Valles que maneja un monto mínimo para su operación.
Reiteró que de acuerdo a la ley, el Congreso del Estado no aprueba o rechaza las cuentas, sino la correcta fiscalización de las cuentas de acuerdo a un informe, y las consecuentes sanciones se determinan por parte del órgano fiscalizador que es la Auditoría Superior del Estado.
“Hay una autonomía técnica y de gestión de la ASE que es parte de lo que revisamos nosotros en los informes de auditoría y de lo que aprobamos y en esta dinámica, los procesos de fiscalización no se detienen, se presenta el informe pero esto no detiene el proceso de fiscalización”.
Explicó que como resultado de este proceso de fiscalización, se realizaron un total de 262 auditorías; se realizaron 5090 acciones; se obtuvieron mil pliegos de observaciones, cuyos montos fueron de un total de 897 millones, 846 mil 572 pesos que dieron como resultado solicitudes de aclaración por un monto de 192 millones 844 mil 935 pesos, es decir, el 21 por ciento de la muestra a revisar.
“El Congreso del Estado se sumará a estas acciones de seguimiento, las cuales habrá que estar muy pendientes, que también fue auditado y que cuenta con los términos correspondientes de solventación, y ver quien no cumple en estos 30 días para entonces si en forma y en tiempo que la Auditoría determine la cantidad líquida de los daños y perjuicios a la hacienda pública”.
El legislador agregó que las acciones a seguir será la notificación a los entes auditables del resultado de la fiscalización superior, para que en un plazo de 30 días hábiles presenten información y consideraciones pertinentes, y a lo que a su derecho convenga para desahogar las observaciones, previo a turnar en su caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, órganos internos de control o la Fiscalía General del Estado, dependiendo del daño.
Añadió que existen dos cuentas, la del Poder Judicial y del Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuyos dictámenes fueron devueltos a la Comisión de Vigilancia.
“Ahorita nos comenta la Auditoría que ha terminado el proceso de notificación ente por ente, les tienen que firmar los responsables de cada instancia, y a partir de esa fecha tienen 30 días hábiles para desahogar observaciones, y lo que no presenten la Auditoría está obligada a dar cuenta a las diferentes instancias”.
