El documento fue dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
La legisladora Martínez Cárdenas, recordó que hace un año impulsó varias iniciativas en materia de igualdad de género y protección a los derechos políticos de las mujeres, mismas que como parte de la reforma político electoral que esta legislatura votó y el día de hoy son parte de la ley; sin embargo, dijo que hay un tema preocupante en el que insistirá nuevamente y que está relacionada a la violencia política en contra de las mujeres.
Recordó que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones (incluida la tolerancia) que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
Sostuvo que desgraciadamente en la actualidad persisten cuestiones estructurales, como la violencia política, que obstaculiza el ejercicio y “lamentablemente durante los procesos electorales donde cada día más mujeres contienden por cargos de toma de decisiones, los casos de asesinato, violencia física y psicológica, desaparición y ataques con arma de fuego a personas que fungieron como precandidatas, candidatas, dirigentes de partidos, coordinadoras de campaña, colaboradoras, así como familiares de candidatas son una constante que debe parar”, agregó.
Recordó en el 2017 se presentó un protocolo en el que se establecieron las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres e incluso se señalan las autoridades que deberán adoptar mínimamente las acciones establecidas, “las autoridades en el nivel local aun no cuentan con la información, capacitación y no se ha diseñado un diagrama de actuación ante casos de violencia política de género en los estados lo cual podría complicar su efectiva aplicación”, concluyó.
