Dijo que el funcionario no acredita capacidad, probidad y experiencia en las áreas afines a su función, lo que se reflejan en el incremento en los índices de inseguridad, principalmente en lo relacionado a los delitos patrimoniales que son los que afectan a la mayor parte de la población.
“El servidor público denunciado, a la fecha, no ha cumplido la obligación de prevención de delitos, mucho menos ha proporcionado seguridad pública a la población y no ha ejecutado programas y acciones efectivas relativas a la protección de los habitantes del estado, protección al orden público, ni a la prevención de los delitos y conductas antisociales”, señaló.
Añadió que “desde que asumió el cargo, ha incurrido en la omisión de realizar acciones positivas para proteger a los ciudadanos y a los derechos fundamentales de la vida, la integralidad personal, los bienes y derechos de la población, entorpeciendo el buen despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.
El diputado Hernández Contreras expuso que los datos oficiales en materia de seguridad pública, “revelan el alto grado de ineficiencia, ineficacia y negligencia por parte del servidor público denunciado, que se encuentran enmarcados como motivos de juicio político en la Constitución Política del Estado”.
“Lo anterior, porque estamos ante omisiones que perjudican el buen despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo perjudican intereses públicos fundamentales como la vida, la seguridad personal, los bienes y derechos de los habitantes”.
El documento, tiene copia para el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo y otros servidores públicos relacionados al tema de la seguridad.
