La diputada Marite Hernández Correa, dijo que el proceso se hará de una manera transparente y de frente a la ciudadanía, por lo que en la selección de propuestas participaran organizaciones de la sociedad civil y la academia, quienes fungirán como observadores en la selección.
“La convocatoria contiene los mismos requisitos que piden para seleccionar al Auditor Superior del Estado” destacó la presidenta de la Comisión de Vigilancia.
Entre los requisitos para participar están: ser de nacionalidad mexicana y en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos treinta años, y no más de setenta y tres años de edad, el día de su nombramiento.
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión.
Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación; no haber ocupado un cargo de elección popular, no haber sido titular de dependencias o entidades de la administración pública federal o estatal ni de sus organismos descentralizados, tesorero municipal, delegado municipal, consejero de la judicatura o magistrado, titular o en su caso comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo, ni dirigente de un partido político, y en general no haber dispuesto de recursos públicos, en el año inmediato anterior a la propia designación.
Contar al momento de su designación, con experiencia plenamente comprobada de al menos cinco años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización; política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos y de responsabilidades.
Poseer al día del nombramiento, título de antigüedad mínima de cinco años y cédula profesional de licenciatura en contaduría pública, en derecho o abogado, en administración, administración pública o en economía, o cualquiera otra profesión relacionada con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado.
La propuesta de la convocatoria será votada el jueves 2 de mayo y en caso de aprobación se comenzará el proceso de difusión y recepción de propuestas, mismas que serán entregadas en oficialía de partes del Congreso del Estado.
