La Minuta Federal establece que “el Ministerio Público solo podrá solicitar prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.
“El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que en las comisiones unidas se acordó votar en contra de esta minuta, en virtud de las dudas generadas en la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, en particular el que tiene que ver con el uso de programas sociales con fines electorales.
“En Puntos Constitucionales el dictamen viene en contra, en Justicia viene en contra, estaremos debatiéndola y defendiéndola en el Congreso del Estado para decirle al Congreso de la Unión, que el Congreso del Estado no está a favor de la ampliación del catálogo de delitos para prisión preventiva, y sobre todo nos preocupa mucho el tema del uso que exista la prisión preventiva con el delito de uso programas sociales como delito electoral porque puede ser usada políticamente en contra de los adversarios políticos en los diferentes procesos electorales que haya en este próximo 2021”.
Señaló que con esta negativa, el Congreso del Estado de San Luis Potosí estará dando un posicionamiento claro en el tema de la ampliación de delitos, “porque la prisión preventiva en el tema de uso de programas sociales como delitos electorales, con el uso del Poder Federal puede ser muy peligrosa, entonces el Congreso del Estado da su postura muy clara que estamos en contra de esta iniciativa y de este dictamen que llega del Congreso de la Unión”.
