El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social diputado José Antonio Zapata Meráz, destacó que la figura del veto es un derecho Constitucional que tiene el Ejecutivo y como tal, está en todo su derecho de ejercerlo.
Recordó que las reformas aprobadas por el Congreso del Estado sobre este ordenamiento, contienen el 70 por ciento de las propuestas que planteó previamente en el proceso legislativo, el Ejecutivo a través de la Dirección Estatal de Gobernación.
Recordó que el Gobierno del Estado, tiene 10 días para promover el veto en caso que así lo consideren, aunque sería muy importante destacar que parte de esta reforma a la Ley de Alcoholes, cuenta con las opiniones previas de los sectores productivos vinculados con la venta de bebidas etílicas y que avalaron mediante su participación dichas modificaciones que se establecieron dentro del dictamen que se analizó en comisiones y aprobó en el pleno del Congreso del Estado.
En este sentido, el diputado Zapata Meráz, reiteró que esta Ley se construyó con aportaciones de la Dirección General de Gobernación, así como de los organismos empresariales del sector productivo como son la CANIRAC y CANACOPE. “La Ley también incluye un control cuantitativo y zonificado de licencias que inhibe el crecimiento desmedido de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas ya que considera aspectos poblacionales, de seguridad, ecología, turismo y por supuesto de salud pública”, agregó.
Aclaró que el horario no se amplia, se recorre. “Y esta medida sólo aplica a la venta de bebidas en envase cerrado a supermercados, minisupers, tiendas departamentales, de conveniencia, tendajones, licoreras y miscelánea”.
Sostuvo que en la Ley se incluyen varias medidas de prevención, control, supervisión y seguimiento ya que se propone la creación de un padrón único de establecimientos dedicados a la distribución, venta, consumo o suministro de bebidas.
Dijo que entre las medidas de control, se establece que sean la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la Fiscalía General del Estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, la Secretaría de Turismo y en su caso las homologas municipales, en el ámbito de su competencia, las que coadyuven con las autoridades estatales y municipales en vigilar el cumplimiento de esta Ley.
