San Luis Potosí SLP.- La Comisión de Desarrollo Económico y Social de la LXII Legislatura, aprobó el dictamen que reforma la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el propósito de establecer que de manera anual, se deban realizar obligatoriamente dos evaluaciones de la política de desarrollo social del Estado: una externa y otra interna; y además, posibilitar que se involucren a más actores ciudadanos en la misma, como organizaciones sociales o de la iniciativa privada que resulten competentes.
Además, se destacó que esta iniciativa permitirá establecer las evaluaciones externas mediante organismos evaluadores independientes a solicitud del Sistema Estatal; y podrán ser instituciones de educación superior, de investigación científica, organizaciones sociales u organizaciones de la iniciativa privada que estén debidamente constituidas y acreditadas, y que demuestren contar con la experiencia comprobable en evaluación de políticas públicas.
En la sesión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, asistieron su presidente, el diputado José Antonio Zapata Meráz, el vicepresidente Mario Lárraga Delgado, la secretaria Patricia Silva Celis, y los vocales Rubén Guajardo Barrera y Martha Barajas García.
Se informó que esta iniciativa también busca establecer un mecanismo de evaluación para garantizar un mejor impacto de las políticas de desarrollo social, así como en muchos aspectos del ejercicio público, pues resulta vital la fiabilidad de los datos e indicadores, así como instancias de evaluación, contrapeso y validación.
El diputado, José Antonio Zapata Meráz, expuso que en el caso específico de las políticas contra la pobreza, es necesario contar con la participación ciudadana para la evaluación, en virtud de las polémicas decisiones que se tomaron para modificar los indicadores que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dado que al cambiar las variables que utiliza para medir el Ingreso de los hogares y la cual formó parte del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de sus conteos, a partir del año 2016 se presentaron alteraciones inverosímiles en los resultados.
En lo que se refiere a los organismos externos, el legislador explicó que para ser consideradas por el Sistema Estatal como entidades evaluadoras, “las mismas deberán presentar además su metodología de trabajo, así como los recursos técnicos, humanos y materiales con que cuenten para su aplicación, debiendo considerar como parámetros mínimos la determinación del cumplimiento de objetivos establecidos en la política social o los programas que se evalúen, indicadores de resultados y gestión, y la aplicación del criterio de presupuesto basado en resultados”, agregó.
Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, coincidieron en señalar que es fundamental incluir a más voces en la evaluación de políticas sociales que puedan aportar análisis con diferentes indicadores; por supuesto que esta iniciativa aspira a recobrar el espíritu de la política social, al ser el desarrollo social un fin colectivo en esencia. “Desde la aceptación de esa premisa, la Ley previene que el fomento a la participación ciudadana involucre a actores más allá de los servidores públicos, con el fin de apoyar las políticas de desarrollo social”.
Además, se propuso que la evaluación realizada por los miembros de la sociedad civil deba cumplir con parámetros mínimos por disposición normativa, esto es, que se deberá determinar si los objetivos de la política fueron cumplidos, y se realizarán bajo el criterio de Presupuesto Basado en Resultados. Este criterio es integral, ya que toma en cuenta factores que de hecho deben ser tomados en cuenta por toda evaluación que se precie de ser técnicamente objetiva y socialmente útil.
Cabe destacar que la iniciativa que busca adicionar el último párrafo al artículo 34, y la reforma a la fracción II del artículo 36, ambos de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, fue aprobada por unanimidad en la sesión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico y Social y el dictamen será turnado a la Comisión de Hacienda del Estado, para su análisis y posteriormente, sea presentada al Pleno del Congreso del Estado.
