LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, DRA. MONICA LILIANA RANGEL, SEÑALA QUE LA PANDEMIA POR COVID-19, PODRÍA PERMANECER POR LO MENOS DOS AÑOS.
LEGISLADORES EXIGEN QUE SE LLEVEN A CABO AUDITORIAS A LOS RECURSOS ESTATALES PARA FINCAR RESPONSABILIDADES A LAS QUE HAYA LUGAR.
San Luis Potosí SLP.- Los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, dieron inicio a las comparecencias con funcionarios de la administración estatal, con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno, con la presencia de la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud del Estado.
En relación a la atención de la pandemia por COVID-19, Rangel Martínez respondió a los cuestionamientos de los diputados Martha Barajas, Cándido Ochoa, señaló que ante este nuevo virus, se prevé que se mantenga presente como hasta ahora por lo menos durante dos años, tiempo en el que se buscará tener disponible una vacuna o un medicamento específico que permita una situación manejable, por lo que se debe mantener el tratamiento con las medidas de seguridad que hemos mantenido y que a la larga se convierta en una enfermedad endémica, del tipo de influenza.
Adelantó que ante el incremento en la última semana de contagios por el semáforo amarillo, se tiene previsto tomar acciones para disminuir la movilidad y la concentración de personas, principalmente ante la cercanía de las fechas de día de muertos, principalmente en la zona huasteca y el 12 de diciembre, para evitar concentración de personas.
En lo relacionado a una posible vacuna, Rangel Martínez consideró que estará disponible por lo menos en un año, ya que seguramente para fines de este año 2020 se podrían aprobar algunos procesos de investigación en su fase 3, para poder pasar a la producción masiva que es cuando ya se distribuye a una cantidad de población sin reacción adversa con autorización de la Organización Mundial de la Salud.
Destacó que en este sentido, los laboratorios no se podrán dedicar exclusivamente a la producción de vacuna contra COVID.19, ya que se deben producir contra otros padecimientos, por lo cual los países no contarán con una cantidad suficiente para cubrir a toda la población y según estimaciones, sería únicamente para el 70 por ciento, iniciando con personal de salud, población en riesgo y al final la población en general, proceso que se espera dure dos años.
Indicó que en lo relacionado a los casos de contagio entre personal médico, se tienen registrados al corte del informe un total de 2,348 casos y 16 defunciones en todo el sector salud, incluyendo IMSS e ISSSTE, IMSS Bienestar, SEDENA y sector privado, para lo cual se han entregado equipamiento que corresponde a trajes, mascarillas, guantes y cubrebocas, entre otros, en 771,498 piezas y del nivel federal 252 mil 154 piezas.
En cuanto al repunte en casos de contagios entre la población, dijo que se ha observado de manera directa en municipios como Soledad y la zona metropolitana de San Luis Potosí, Villa de Reyes y Mexquitic que concentran el 57 por ciento de los casos, seguidos de Matehuala y Rioverde, y en último lugar la zona huasteca. Se están ubicando de manera prioritaria en los municipios con mayor repunte y establecer mecanismos para bajar la transmisión y la sana distancia.
La legisladora Martha Barajas manifestó la situación de preocupación ante la falta de medicamentos en los sistemas de seguridad social, la funcionaria indicó que se ha mantenido contacto con la autoridad federal para que se mantenga el abastecimiento de medicinas y de manera estatal se ha hecho lo propio para preservar el medicamento oncológico para evitar el desabasto y mantener la atención a los pacientes.
Reconoció que ante la pandemia, fueron suspendidos programas de niño sano, y algunas terapias de rehabilitación para evitar riesgo de contagio entre paciente y personal médico, las cuales se han reiniciado con las medidas de seguridad sanitaria.
En lo relacionado al funcionamiento del INSABI, dijo que en los próximos meses estará presentando sus reglas de operación para los fondos de contratación y basificación de personal, infraestructura, y equipamiento, y se tiene pactado un presupuesto de 1380 millones de pesos para San Luis Potosí, de los cuales como contraprestación que pone el estado por 520 millones de pesos.
En relación al Hospital Central, los diputados Martha Barajas y Cándido Ochoa solicitaron información sobre la administración del mismo por parte de la SEDENA, a lo que la funcionaria manifestó que este hospital se mantiene en atención a COVID como parte del plan DN-III para atención a la pandemia.
El hospital ésta prácticamente en proceso de licitación de equipamiento por medio del INSABI, y será cuando se revise esta situación con la SEDENA.
Indicó que se otorgaron 30 millones de pesos por parte del estado para la compra de equipamiento y protección para la su personal.
Los diputados Marite Hernández, y Mauricio Ramírez Konishi cuestionaron sobre la situación financiera que enfrenta la dependencia, a lo cual informó que se recibió la Secretaría de Salud de la anterior administración con pasivos cercanos a los 660 millones de pesos; además, de hospitales donde el personal se había contratado por outsurcing sin que contaran con estabilidad laboral e imposibilitados para obtener una base por parte de las autoridades de salud, situación que ya fue regularizada y que afectaba principalmente al Hospital de Soledad.
En relación al Hospital Central, se recibió con un déficit presupuestal de cerca de 200 millones de pesos, y pasivos por cerca de 300 millones de pesos, que en 5 años se han reducido los pasivos con 250 millones de pesos, y se regularizó el personal de outsourcing para que cuenten con seguridad laboral.
Sobre las denuncias realizadas y documentadas por un grupo de ciudadanos por irregularidades administrativas y de manejo de recursos públicos por un monto de 176 millones de pesos, los diputados Marite Hernández Correa, Consuelo Carmona Salas, Edgardo Hernández Contreras, Eugenio Govea Arcos, y Ricardo Villarreal Loo cuestionaron sobre esta situación y la necesidad de que se lleven a cabo auditorias a los recursos estatales para fincar responsabilidades a las que haya lugar.
En su intervención, Rangel Martínez indico que conoce las acciones que ha solicitado el Congreso del Estado a la Auditoría Superior del Estado en relación a la revisión de información sobre el manejo de recursos públicos y manifestó la disposición para que se realice la fiscalización necesaria, e incluso dijo que de manera específica solicitó desde el mes de agosto a la Auditoría Superior del Estado se realice una revisión de cada uno de los señalamientos que se han dado, sobre todo de obras y adquisiciones del 2018 y todo lo que se ha ejecutado durante el proceso de la contingencia de COVID-19 y los contratos que corresponden directamente al estado relacionado a las obras complementarias del Hospital Central, como serían demoliciones, y supervisión de obra y dirección de obra, y están a la espera que les notifique lo conducente.
Dijo que se practican a la Secretaría de Salud alrededor de 9 auditorías por año, y que si se llega a encontrar alguna irregularidad en el ejercicio de los recursos por parte de algún servidor público, tendrán que demostrar su actuar ante las instancias legales para que se decida sobre su responsabilidad.
Al respecto, el diputado Edgardo Hernández Contreras conminó a la funcionaria a renunciar, debido a que ya cuenta con denuncias penales abierto, por las presuntas irregularidades encontradas en su dependencia por manejo de recursos públicos, con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La doctora Mónica Rangel manifestó estar a disposición de las autoridades competentes, y dijo que no considera renunciar a su cargo debido a que le asiste la presunción de inocencia, de manera que en cuanto exista alguna notificación formal tomará las determinaciones y estará a disposición de las autoridades.
El diputado Rubén Guajardo Barrera dijo que es lamentable que se estén presentando denuncias por irregularidades en manejo de recursos, cuando la prioridad debe ser la atención a la pandemia por COVID-19.
El diputado Ricardo Villarreal señaló que entre las adquisiciones hay dos empresas que están reportadas por el SAT por operaciones inexistentes, y otras que fueron señaladas en Baja California por más de 22 millones de pesos, y una persona relacionada con ella enfrenta diversas denuncias, además de adjudicaciones directas; al respecto, la funcionaria indicó que en todas las adquisiciones realizadas se verifico que contaran con sus constancias de situación fiscal y la empresa que incumplió en Baja California cumplió en San Luis Potosí con sus contratos.
Indicó que para sus compras, el 70 por ciento es por licitación consolidada, el 15 por ciento licitación de los servicios de salud, 10 por ciento licitación restringida de por lo menos 3 participantes, y 5 por ciento por adjudicación directa del total del presupuesto.
El diputado Eugenio Govea Arcos pidió que renuncie a su cargo por ética profesional, ya que se ha dado un mal manejo de la pandemia, ya que únicamente se han contado los decesos y no hace uso de los recursos que se tienen asignados para este ejercicio fiscal.
En lo relacionado a la falta de médico en los Centros de Justicia para Mujeres, respondió el cuestionamiento de la diputada Marite Hernández Correa y manifestó que el servicio se brinda con médicos de unidades cercanas, ya que por disposición oficial tienen que estar asignados a una unidad médica, pero se estará buscando el próximo año buscar un recurso estatal para poder atender esta problemática.
A pregunta de la diputada Rosario Sánchez, Rangel Martínez manifestó que se intensificaron las campañas de información en las comunidades indígenas, por medio de perifoneo en sus lenguas, en coordinación con alcaldes y autoridades de las propias comunidades.
Sobre la atención a los jóvenes en materia de prevención de drogadicción, alcoholismo y suicidios, la funcionaria indico que se mantiene coordinación con el Instituto Potosino de la Juventud para continuar con programas de prevención entre los jóvenes, ante la suspensión de clases en las escuelas, que es donde de manera directa se toman este tipo de acciones.
En lo relacionado a la prevención de dengue, respondió al cuestionamiento de la diputada Consuelo Carmona, que San Luis Potosí se encuentra en 4° lugar en todo el estado, ya que existe transmisión local por lo cual se han intensificado acciones de prevención para control larvario, y retiro de chatarra que pudiera favorecer la reproducción del mosco transmisor.
En cuanto a los recursos para atención de la pandemia, de la Secretaría de Salud, la funcionaria indicó al corte del informe el estado destinó un reforzamiento estatal por un monto de 409.1 millones de pesos, y a partir del mes de mayo se recibieron por parte de la federación un monto de 85.8 millones de pesos, más la aportación en especie del equipo de protección personal. Se programó este recurso para atender la situación hasta el mes de agosto, y el resto del año se estará atendiendo con recursos federales para nómina y gastos de operación por medio de INSABI.
A pregunta de la diputada Angélica Mendoza, se informó que se realizaron un total de 1,800 contrataciones de personal médico, que se encuentra distribuido entre todo el sector salud, que incluye IMSS e ISSSTE para reforzar esta situación. Al respecto la diputada Alejandra Valdés solicitó conocer donde se ubica este personal, ya que en su experiencia personal, no se encuentran atendiendo sus funciones ni cuentan con experiencia suficiente para la atención.
La diputada Vianey Montes solicitó información sobre el avance en la construcción del Hospital General de Rioverde, a lo que se informó que éste se está buscando se integre entre los recursos federales para ejercicio 2021 por parte de la Secretaría de Hacienda, en el fondo de salud para el bienestar, para concluir la obra civil y el equipamiento, por un monto aproximado de 300 millones de pesos.
La diputada Laura Patricia Silva Celis indicó que se debe solicitar mayores recursos a la federación, ya que el presupuesto asignado a través del INSABI no ha dado respuesta clara a las exigencias en los hospitales y clínicas, ya que el 84 por ciento es recurso federal y el 16 por ciento del recurso es estatal.
Manifestó que un problema que se encuentra pendiente es la falta de vacunas para tuberculosis y hepatitis B, VCG para recién nacidos, la cual indicó la funcionaria se está solicitando permanentemente a la federación, ya que de manera estatal no se puede adquirir.
Los diputados Mauricio Ramírez Konishi, Laura Patricia Silva Celis y Vianey Montes Colunga reconocieron el trabajo del personal médico ante la atención a la pandemia.
En su intervención al inicio de la comparecencia, la funcionaria reconoció y agradeció al personal médico que ha atendido a los pacientes en medio de la pandemia de COVID-19.
Entre los resultados en materia de salud, enunció que San Luis Potosí se mantiene entre los tres primeros lugares los trasplantes de córneas, el contar con un laboratorio de histocompatibilidad regional para la proximidad; y mantiene el 5° lugar en trasplante renal y telemedicina.
Además, mantiene la atención hospitalaria del 99 por ciento de partos, y se mantiene la cobertura en vacunación donde se ha mantenido el estado en primer lugar en coberturas, y en 23 años sin casos de rabia humana contagiada por caninos.
