Aseguran que se ha cumplido el marco legal en todos los procesos; Legisladores se comprometen a coadyuvar en la búsqueda de soluciones
El presidente de la Comisión diputado Mario Lárraga Delgado, el vicepresidente diputado José Antonio Zapata Meraz, la secretaria diputada María del Rosario Sánchez Olivares y las vocales diputadas Angélica Mendoza Camacho, María del Consuelo Carmona Salas, Rosa Zúñiga Luna y María Isabel González Tovar, atendieron a los funcionarios que plantearon la necesidad urgente de que intervengan como mediadores porque la comunicación se ha roto con los inconformes.
Los funcionarios expusieron que la presa tendrá un impacto positivo en al menos 20 comunidades que abarcan incluso a Real de Catorce y Villa de Guadalupe, sin embargo, “unos 50 habitantes del ejido La Presa mantienen un plantón que impide el acceso de maquinaria y la construcción de diversas obras como son la cortina, el acueducto y la planta de tratamiento”.
Los inconformes impiden la construcción de la presa por argumentos que son insostenibles, dijeron los funcionarios, no obstante que se les han cubierto sus demandas e incluso se han invertido 8 millones de pesos adicionales en un acueducto paralelo al existente y en ollas para la captación de agua para agricultura.
Las diputadas Angélica Mendoza, María Isabel González y Consuelo Carmona, coincidieron en que la información que conocen es que los inconformes se quejan de que el agua será usada para beneficiar a empresas y mineras, que se atenta contra el medio ambiente y que se quedarán sin sus derechos de agua.
Sobre este tema, los funcionarios hicieron una amplia explicación sobre las actas de las comunidades donde aceptaron las obras, los beneficios adicionales que se han otorgado como la habilitación de caminos, el cumplimiento de sus demandas, la infraestructura para que sus derechos de agua bronca –lluvia- sean aprovechados porque en la actualidad sólo utilizan el 10 por ciento y todo lo demás se desperdicia.
La inversión en la presa es de 210 millones de pesos y la construcción de la cortina tiene un avance del 18 por ciento apenas, para la planta potabilizadora se invierten 40 millones de pesos y para el acueducto 120 millones, “por lo que no es justo que por 50 inconformes se esté perjudicando a más de 100 mil personas que resultarán beneficiadas”.
Los diputados de la Comisión hicieron el compromiso de atender el asunto en el ámbito de sus facultades, para que pronto se destrabe el conflicto y haya acuerdos que permitan avanzar al proyecto, ya que también hay plazos que se deben cumplir para la aplicación de los recursos, que por lo pronto ya tienen observaciones debido al retraso de los trabajos que no pueden avanzar por el bloqueo del camino principal a la obra.
Los representantes populares coincidieron en que debe ser mediante el diálogo como se resuelvan los conflictos de la naturaleza que sea y más cuando el interés de miles de potosinos está en juego, al tratarse de tener acceso al agua que es un derecho humano universal. Se acordó darle seguimiento al caso.
