La legisladora señala que con estas reformas, se establecen las acciones a realizar, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar los derechos de la infancia y bienestar de niñas, niños y adolescentes, por la existencia latente de discriminación, inseguridad y violencia para las mujeres y dar un seguimiento adecuado tanto psicológico como jurídico por parte del Centro de Justica para las Mujeres.
“En virtud de la alerta de género en la que se encuentra el estado, es necesario armonizar estas dos leyes, con la intención de brindar servicios más amplios en aras de la protección de los derechos humanos en las que se encuentra este grupo vulnerable, en específico en niñas y las adolescentes que se ven inmersas en las violaciones a sus derechos”, señala.
La reforma establece que corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el diseñar y ofrecer programas que brinden servicios reeducativos en torno a modelos de relaciones libres de violencia para víctimas y agresores, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en Coordinación con el Instituto, la Secretaria de Educación del Gobierno de Estado, y con el apoyo de los colegios de profesionistas, así como de universidades públicas y privadas.
A través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se proporcionará atención psicológica de forma gratuita a las niñas y adolescentes que lo requieran; además, se brindara a las niñas y adolescentes el resguardo y protección como una medida especial, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, hasta en tanto se lleva a cabo su reintegración al medio socio-familiar, en los Centros de Asistencia Social.
Además, se establece que el Sistema DIF deberá desarrollar programas de intervención temprana para prevenir la violencia contra las mujeres en las regiones del Estado que reporten mayor incidencia, en coordinación con el Instituto, la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, con los Sistemas Municipales DIF y demás Instituciones que se requiera; e impulsar la formación de promotoras y promotores comunitarios para la aplicación de programas preventivos.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Justicia; y Derechos Humanos, Igualdad y Género.
