Esto, luego de los hechos que recientemente afectaron el abasto de agua potable en gran parte de la capital potosina, relacionados con fallas en la infraestructura hidráulica de la presa El Realito y que fueron atribuibles a un desperfecto en la estructura de la obra.
Esto, aunado a la incapacidad del concesionario de resolver la falla mediante el uso de los recursos técnicos adecuados trajo como consecuencia final la interrupción del servicio de agua para miles de familias potosinas durante varios días, detalla en su exposición de motivos.
“Esos hechos, además de los graves problemas prácticos que originaron, significaron una contradicción a los principios de la política hídrica del estado, que privilegian el uso doméstico y los criterios de disponibilidad, seguridad y accesibilidad al agua, según la Ley Estatal en la materia”.
Así, manifiesta la legisladora, con esta reforma se establecerá como obligación de los concesionarios de obras de agua, que incluyan operación de agua potable, el comprobar la capacidad de respuesta ante contingencias causadas por fallas que comprometan el servicio; el incumplimiento en el criterio de esta norma, significaría la pérdida de la concesión a partir del incumplimiento de obligaciones.
“La nueva obligación estaría en armonía con los principios de la política hídrica estatal, ya que reforzaría criterios que marca la Norma como: disponibilidad, calidad, accesibilidad, y sobre todo seguridad”, indica.
