También, en caso de no haber ofrecido el servicio de atención médica domiciliaria; se informe si tienen detectadas las causas por las cuales no fue brindado este servicio a que tienen derecho los beneficiarios de estas Instituciones de Salud.
En su exposición de motivos, la legisladora explica que en San Luis Potosí, las instituciones públicas de salud, que más prestan servicios a las familias potosinas son los servicios propios del Estado, IMSS e ISSSTE, y las tres se encuentran obligadas a prestar servicios de atención médica domiciliaria.
“Sin embargo, está Soberanía no conoce los resultados de tales acciones gubernamentales en beneficio de los potosinos, por lo que es pertinente se nos proporcione la información respecto del número de personas que son atendidas mediante este servicio, para que este Congreso pueda ser facilitador en la inclusión de los servicios de salud”.
Agrega que en materia de salud, tanto a nivel nacional como local, se han logrado avances importantes, derivado de un trabajo en conjunto de instituciones como IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y los Servicios de Salud en el Estado; sin embargo, aún se enfrentan grandes retos en materia de inclusión para todos los grupos vulnerables, como personas con discapacidad o adultos mayores.
La salud es un derecho humano que se encuentra consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el estado se encuentra obligado a proveer servicios que permitan garantizar este Derechos a los individuos.
En este sentido, se han creado diversas Instituciones de Salud Pública, como garantes del Derecho Constitucional: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado; Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas, Seguro Popular; y los Servicios de Salud de las Entidades Federativas; donde si bien los resultados en cobertura de los Servicios de Salud son positivos, lo cierto es que aún quedan temas pendientes para alcanzar un mayor grado de satisfacción de los derechohabientes de las Instituciones.
“En aras de facilitar los servicios de salud y una mayor inclusión a los grupos vulnerables, diferentes ordenamientos jurídicos han establecido la posibilidad de las consultas domiciliarias para personas con alguna discapacidad, adultos mayores, entre otros”, señala la legisladora.
