La iniciativa busca adicionar las fracciones XVIII y XIX al artículo 9, y adicionar al Título Sexto, denominado del Testigo Ciudadano en la Revisión y Fiscalización de Cuentas, compuesto de los artículos 62 al 68; todos a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí.
Indica que tomando en cuenta la apertura de la Ley a la participación ciudadana en el Sistema Anticorrupción, se propone una figura que reafirme los principios de incorporación ciudadana a dicho Sistema, por lo que esta iniciativa plantea adicionar a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción la figura del Testigo Ciudadano en los procesos de revisión y fiscalización de cuentas.
Para ello, se establece como requisitos para ser parte testigo ciudadano, el ser ciudadanos con formación en contaduría, no ser servidores públicos, y ser aprobados o invitados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; y como obligación, rendir un informe ante el mismo con las observaciones e irregularidades si las hubiere.
Indicó que ante la alta importancia de la fiscalización de la cuenta pública y la necesidad de implementar esquemas de vigilancia y prevención, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción; por lo tanto, bajo el criterio de armonía legislativa y de una correcta implementación de la política contra la corrupción a nivel federal, en nuestra Constitución local se creó el Sistema Estatal Anticorrupción como un entramado institucional con funciones de apoyo para la fiscalización:
“Por ello, se hace indispensable el desarrollo de mecanismos innovadores, acordes a los tiempos presentes que, sustentados en una relevante participación de la sociedad civil, contribuyan a detectar y combatir los casos de corrupción y una de las fortalezas del Sistema Anticorrupción del Estado, es la participación ciudadana; que se da a 
La legisladora en su exposición de motivos, justifica en el marco legal y operativo actual referente a la fiscalización de la cuenta pública en nuestro país, en el que se origina en una reforma al artículo 116 constitucional, publicada en mayo 2015, en la que se establecen las bases de las entidades estatales de fiscalización que conforman la estructura institucional encargada de realizar la disposición constitucional.
