Con esta nueva legislación, se busca derogar la actual Ley para la Integración y Funcionamiento de las Juntas y Comités de Mejoramiento Moral Cívico y Material, que data de 1958 y que resulta necesario su actualización, a fin de responder a las necesidades de participación e involucramiento que la sociedad demanda para resolver los problemas que afectan su comunidad; a la generación de capital social a través del trabajo en equipo; y a la transparencia en el proceso de toma de decisiones y al manejo de recursos públicos.
La nueva Ley tiene como una de sus principales características el reconocimiento del papel protagónico de la participación ciudadana libre e informada en las Juntas Ciudadanas de Mejoras, asumiendo que la participación debe darse de forma voluntaria, proactiva y no condicionada.
Propone establecer disposiciones generales y atribuciones de las autoridades, además de un marco para la integración, marco de actuación y responsabilidades de las Juntas Ciudadanas de Mejoras; además de definirlas como organismos con personalidad jurídica propia, que a su vez tienen los objetivos particulares de: fomentar y organizar la cooperación y participación ciudadana en el ámbito público en beneficio de la comunidad; promover la cultura de legalidad y los derechos humanos y fortalecer las culturas cívica y democrática.
En la propuesta de la diputada Salazar Báez, la nueva Ley se dispone que los integrantes de las Juntas Ciudadanas de Mejoras no deban ser dirigentes, ni militantes de partidos políticos para evitar que se distorsione su auténtico propósito de contribuir al mejoramiento material de sus comunidades y la defensa del interés público.
En la nueva normatividad, Salazar Báez reconoce la importancia del ámbito municipal como espacio de acción de las Juntas Ciudadanas de Mejoras, especialmente en cualquier tema relacionado a la atención de las necesidades y problemas locales, por esa razón, específica y detalla las atribuciones y responsabilidades de los diferentes integrantes del Cabildo en relación con estos órganos de participación ciudadana.
