REQUIEREN MAYORES RECURSOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACITAR AL PERSONAL: DIP. BEATRIZ BENAVENTE RODRÍGUEZ.
San Luis Potosí SLP.- La presidenta de la Comisión de Seguridad de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la LXII Legislatura, diputada Beatriz Benavente Rodríguez, señaló que es lamentable que la mayoría de los Ayuntamientos estén reprobados en la operación de los centros de detención municipal, esto se debe principalmente a la falta de elementos policiacos e infraestructura.
Expuso que estos centros de detención que anteriormente se conocían como “barandillas”, operan prácticamente de manera irregular en San Luis Potosí, cuando las normas establecidas en materia de protección a las garantías individuales de las personas, deben cumplir al menos con cinco ejes de derechos humanos: trato humano y digno; derecho a la legalidad y seguridad jurídica; protección a la salud; integridad personal y grupos en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, la legisladora se refirió al reciente reporte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), donde se estableció que sólo cinco ayuntamientos cumplen con los requerimientos de operación de los centros de detención municipal, mientras que el resto carece de espacios dignos o en el peor de los casos de elementos de seguridad municipal para su operación.
Benavente Rodríguez, reconoció que es un tema complicado, pues “cuando no se tiene a los policías suficientes, mucho menos contarán con los recursos económicos para crear la infraestructura que se requiere para las personas que son detenidas por alguna falta administrativa o en su caso para ser retenidos en tanto son entregados a otra autoridad ante la presunción en la comisión de un delito”, afirmó.
Consideró que para solucionar esta situación es necesario que los gobiernos federal y estatal, destinen recursos económicos extraordinarios en materia de seguridad pública, a fin de que los Ayuntamientos cuenten con la infraestructura para la creación de los centros de detención municipal y para la contratación de elementos capacitados para su operación, bajo los preceptos de protección y respeto de los derechos humanos.
