San Luis Potosí SLP.- Al iniciar las comparecencias de funcionarios como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, diputados de la LXII Legislatura demandaron a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública; y General de Gobierno, Jaime Ernesto Pineda Arteaga y Alejandro Leal Tovías, respectivamente, resultados positivos para la población de San Luis Potosí en materia de seguridad, porque persisten los feminicidios, robos y otro tipo de delitos.
A pregunta expresa de los legisladores, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, informó que en lo que va de enero al día de hoy se tienen registradas 48 muertes de mujeres, de éstas 23 están catalogadas como feminicidios, de éstos hay judicializados el 70 por ciento, es decir de cada 10, 7 están judicializados, hay personas detenidas y expedientes abiertos.
Dijo que para la alerta de violencia de género hay aproximadamente 377 millones de pesos para aplicarse en
una política abierta transversal, también son 36 millones específicamente y 4 millones aparte del gobierno federal para diferentes dependencias y organismos privados para la aplicación de estos mecanismos.
También señaló que en nuestro estado se tienen 105 personas registradas como desaparecidas, y San Luis Potosí en este rubro se ubica en el lugar 26 a nivel nacional. Y con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la cual tiene 3 meses funcionando, ya se han localizado a 2 personas.
Anunció que han tenido pláticas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional por lo que se va a instalar un cuartel militar en Matehuala para dar seguridad a la población de la zona del Altiplano, que contará con 550 soldados.
Indicó que cuando inició este gobierno, estaban en funcionamiento 2,253 licencias para la venta de bebidas alcohólicas y actualmente son 2,151; entre otras respuestas a las preguntas de los diputados.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, a pregunta expresa de los diputados, rechazó que San Luis Potosí sea un estado inseguro porque, dijo, se ubica en el lugar 20 a nivel nacional en este rubro.
Dijo que son 270 policías los que reprobaron el examen de control y confianza y analizan a quiénes se les puede dar otra oportunidad para volver a presentar el examen, porque los elementos que no deben estar en las corporaciones policiacas son los que delinquen.
También señaló que San Luis Potosí es el único estado del país que tiene elementos policiacos sindicalizados, más de 400, lo que representa un problema para la corporación a su cargo.
Reconoció que se debe buscar que los policías municipales ganen más, sobre todo porque arriesgan su vida y obtienen un sueldo con pocas prestaciones.
En su exposición, al inicio de la comparecencia, Pineda Arteaga informó que se han invertido más de 3,200 millones de pesos con lo que se implementó una nueva estrategia contra la delincuencia que privilegia la coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno que optimiza todos los recursos disponibles para la contención de la criminalidad.
Además, que en comparación con los mismos periodos de las últimas dos administraciones de gobierno, la incidencia delictiva se sitúa también por debajo 27 y 17 por ciento, respectivamente, y derivado de las acciones de seguridad implementadas en todo el territorio potosino se ha mantenido la incidencia delictiva por debajo de la media nacional,.
Añadió que en este año de gestión se han emprendido acciones que han permitido la detención de más de 6,399 personas, de las cuales 1,355 fueron por delitos del fuero común, 196 por delitos del fuero federal, 4,848 por faltas administrativas, entre las que destacan 258 personas por narcomenudeo, 226 por portación de arma y 132 por robo de vehículo, asimismo es de resaltar la recuperación de 1299 vehículos con reporte de robo, así como el aseguramiento de 232 armas de fuego, 14 granadas, 2505 cartuchos útiles de diferentes calibres, 124 cargadores, 187 armas punzocortantes, 22,130 litros de combustible y 108 kilogramos de droga.
Respecto al sistema telefónico de atención de emergencia 911 éste recibió un total de 138,688 reportes de auxilio de la ciudadanía y con campañas informativas para el uso consciente de este número se logró, en el primer semestre, la reducción de un 47 por ciento de llamadas improcedentes o falsas, según datos del Centro Nacional de Información, con lo que se ubica a San Luis Potosí en el segundo lugar nacional en disminución de llamadas improcedentes, después de Baja California Sur.
En lo que corresponde al sistema de denuncia anónima 089 se han atendido 3,271 llamadas, entre las que destacan la denuncia por el delito de extorsión telefónica y narcomenudeo.
Preocupados por la erradicación de violencia de género en coordinación con la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas y bajo el protocolo de atención a violencia de género, así como la alerta de género, las recién creadas unidades de género del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y de la Dirección General de Seguridad Pública atendieron 1,928 reportes de violencia de género, apoyándoles con asesoría legal y psicológica vía telefónica asistiendo a más de 242 víctimas quienes fueron canalizadas a las instancias competentes para su atención; sostuvo el funcionario.
Durante la comparecencia de los funcionarios estatales, los diputados que los cuestionaron fueron Rolando Hervert Lara, Edgardo Hernández Contreras, Paola Alejandra Arreola Nieto, Mario Lárraga Delgado, Angélica Mendoza Camacho, María del Rosario Sánchez Olivares, María del Consuelo Carmona Salas, Laura Patricia Silva Celis, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, Cándido Ochoa Rojas, Marite Hernández Correa, José Antonio Zapata Meraz, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, María Isabel González Tovar, Sonia Mendoza Díaz, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Martín Juárez Córdova, Rubén Guajardo Barrera, Edson de Jesús Quintanar Sánchez y Oscar Carlos Vera Fábregat, entre otros.
La comparecencia fue dirigida por los presidentes de las comisiones de Gobernación; Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; y Justicia, diputados Martín Juárez Córdova, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y diputado Rubén Guajardo Barrera, respectivamente.
