La presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la LXII Legislatura, diputada María del Rosario Sánchez Olivares, consideró que una de las principales herramientas que tiene la sociedad es la “denuncia”, pues con ello, se tendrán los elementos suficientes que permitan sancionar a cualquier servidor público que cometa irregularidades o que pretenda condicionar la entrega de apoyos.
Advirtió que los programas sociales, “no tienen colores”, por ello, es importante que cualquier autoridad actué bajo un principio de responsabilidad y entregue los apoyos sociales directamente a los beneficiarios a fin de evitar intermediarios o irregularidades en el destino de los recursos que deben ser dirigidos a las familias que más lo necesita.
La diputada, Rosario Sánchez Olivares, señaló que se debe evitar que los programas sociales se destinen con fines políticos y “creo que debemos ser muy apegados a los procedimientos y a lo que nos marca la ley en cuanto la entrega de apoyos a los beneficiarios.
Además de que ninguna autoridad puede presionar o ejercer un hostigamiento en favor de alguna persona o partido político, pues la Ley
de Responsabilidades es muy clara en torno a las sanciones en contra de quien incurra en este tipo de prácticas”.
