Recordó que el 7 de diciembre del 2013 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado mediante decreto 380, la Ley de Fomento para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí, y el 15 de Septiembre de 2012, la Ley de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de San Luis Potosí.
“Por ello, es necesario conminar a una reforma ante la constante evolución social y económica y al crecimiento de las poblaciones rurales como urbanas en materia agrícola para que actúen de conformidad con lo establecido en los preceptos normativos, garantizando a la población el desarrollo de las actividades gubernamentales dentro de un marco de legalidad”.
La legisladora Montes Colunga señaló que “existen en nuestra entidad en materia Agrícola, Sanidad, Inocuidad y Agroalimentaria normas contenidas en diversos ordenamientos, tales como la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí y la Ley de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de San Luis Potosí.
“Con esta nueva Ley Agrícola, se ha contemplado la conveniencia de unificar los ordenamientos y se propone fortalecen el marco jurídico que establece las bases para las actividades agrícolas, para iniciar el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado en relación al desarrollo rural, con el objetivo de fortalecer los mecanismos que den respuesta y auxilio a los productores, para planear, organizar, regular y promover el desarrollo, industrialización y comercialización agrícola”.
La diputada dijo que es importante inducir las acciones para el desarrollo, y así implementar los criterios para la equidad social y de género, en la productividad y sustentabilidad, favoreciendo la participación de los sectores social y privado, como el fomentar y promover las instituciones de educación para la investigación científica y el uso de nuevas tecnologías en esta actividad a través de la participación de las instituciones de educación.
Se busca identificar las técnicas y actividades que resulten más productivas para este sector, aplicando todas aquellas medidas tendientes a resolver de manera congruente e integral, los problemas que deriven del aprovechamiento de recursos naturales del Estado, en las actividades del sector rural.
Con esta nueva ley se pretende colaborar con las autoridades competentes en el diseñar y promover nuevos modelos de apoyos financieros para los productores, así como fomentar y promover el servicio de asesoría y asistencia técnica, jurídica, financiera y organizativa a los productores.
