San Luis Potosí SLP.- En sesión ordinaria el pleno de la LXII Legislatura aprobó por mayoría, con 19 votos a favor y 3 abstenciones, un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez para que el Congreso del Estado exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Publica en la entidad para que se garantice la seguridad de los habitantes de la zona Altiplano mediante la instalación de una base operativa de la policía estatal con base en alguna comunidad del municipio de Santo Domingo, así como en alguna comunidad perteneciente al municipio de Villa de Ramos, para que cubran todas las comunidades cercanas.
Bases operativas que deberán contar como el mínimo de elementos que señala la Organización de Naciones Unidas así como los lineamientos atinentes a nivel nacional para tal efecto, ello partiendo de los diversos hechos delictivos en la zona entre los que se encuentran, secuestros, asaltos, robos, entre otros.
Lo anterior a afecto de disminuir la incidencia delictiva que aqueja aquella zona del Estado, ello en razón de que no existe distinción en torno a los ciudadanos, todos tenemos los mismos derechos y por ello resulta imperante se garantice la seguridad de quienes hoy por hoy sufren las consecuencias de la inseguridad siendo víctimas de secuestro y extorsiones en su mayoría, ya que en municipios como Salinas de Hidalgo, Villa de Ramos y Santo Domingo es ya común que los habitantes conozcan de un nuevo caso de secuestro o extorsión, siendo víctimas casi cualquier ciudadanos que cuente con un poco de recursos ganados con el esfuerzo de años.
En concatenación a lo anterior, no es óbice mencionar que muchos ciudadanos en aquella zona de la entidad viven víctimas del temor, razón por la que podemos decir que muchas veces no denuncian, aunado a que para acceder a la justicia deben recorrer varios tramos, siendo revictimizados entre trámites burocráticos y para colmo cuando piden ayuda policiaca deben esperar horas para recibir apoyo, por ello se requiere que se les brinde atención cercana y oportuna en los términos de nuestra Carta Fundamental, para lograr que realmente se haga justicia y se denuncien de manera puntual todos los hechos delictivos acaecidos en el Altiplano Potosino; señala el punto de acuerdo aprobado.
Agrega que de acuerdo al INEGI, la distribución del porcentaje de la población de 18 años y más, por entidad federativa según percepción de la inseguridad, entre marzo y abril del año 2015 era de un 72.1 por ciento lo cual se incrementó para el 2018 hasta un 81.3 por ciento, dato que prende las alarmas de lo que el ciudadano percibe en materia de inseguridad en la entidad, esto pues nos refiere a que al menos 8 de cada diez potosinos percibe inseguridad en la entidad.
Ahora bien, de acuerdo a las cifras proporcionadas por esta misma entidad gubernamental, al hablar de la tasa de incidencia delictiva de ocurrencia por cada 100,000 habitantes tenemos que, para el Estado en el año de 2015 se registraron 25,838, mientras que para el 2016 fueron 25,867, pero para el 2018 esta cifra se elevó hasta 31,673, datos que contrastan con las versiones de que en la entidad todo está muy bien materia de seguridad.
Antes de este asunto, fue aprobado por mayoría, con 12 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, un punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez para que el Congreso del Estado exhorte al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda para que de manera emergente se cree un fondo que permita la subsistencia de los del Fondo de Apoyo a Migrantes, ya que no puede segregárseles, ni discriminarlos como receptores de los apoyos gubernamentales, pues el dejarlos en estado de indefensión atenta contra sus derechos humanos y lo dispuesto en nuestra Carta Fundamental.
Se votó en contra, con 4 votos en contra, 6 a favor y 9 abstenciones, un punto de acuerdo presentado por el diputado Pedro César Carrizales Becerra que pretendía que el Congreso del Estado exhortara a los Presidentes Municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez a aplicar el Protocolo para la Implementación de Puntos de Alcoholimetría de la Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes, además que en sus operativos antialcohol estén presentes, de manera permanente, observadores de las respectivas Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y que realicen convocatorias públicas invitando a la sociedad civil a participar como observadores independientes y voluntarios en los operativos antialcohol que llegasen a realizar.
DICTÁMENES
Fue aprobado por mayoría, con 23 votos a favor y 1 abstención, reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para, tratándose de puntos de acuerdo y en el caso de que no se hayan integrado a la Gaceta Parlamentaria, establecer que el Pleno calificará la urgencia con el propósito de atender un asunto no legislativo y, de no considerarlo así, se turnará a comisiones.
Con esta reforma el artículo 133 en su párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí establecerá:
Dentro de los asuntos generales del orden del día, no podrán presentarse ante el Pleno, iniciativas o puntos de acuerdo a que se refieren los artículos, 131, y 132, de esta Ley que no estén incluidas e incluidos previamente en la Gaceta Parlamentaria; con la excepción que establece el artículo 134 de este Ordenamiento.
En tanto, el artículo 74 en su párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí establecerá:
Los puntos de acuerdo deben ser entregados a la Directiva con la antelación necesaria para su inclusión en la Gaceta Parlamentaria, con la finalidad de que puedan ser aprobados preferentemente en la misma Sesión cuando sean de urgente y obvia resolución así calificada por el Pleno, de lo contrario se turnarán a la comisión correspondiente. Cuando éstos no se incluyan en la Gaceta Parlamentaria debido a la urgencia ante alguna situación, riesgo, o peligro en la demora de acción, podrán ser incluidos en el orden del día debiendo ser calificada la urgencia por el Pleno.
Esta reforma es para no perder de vista la trascendencia de los puntos de acuerdo mismos que nuestra legislación sustantiva en su numeral 132 que a la letra establece: “Los diputados en lo particular, las comisiones, los grupos parlamentarios, y la Junta, pueden proponer al Pleno Puntos de Acuerdo en relación con asuntos o materias que consideren de interés público y no sean de su propia competencia; o que se refieran al cumplimiento de las funciones de los municipios y los demás Poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos, de otras entidades federativas, de la Federación, y de asuntos internacionales. …” (énfasis añadido), define a los puntos de acuerdo como un instrumento del Poder Legislativo para garantizar el cumplimiento de funciones de los municipios y Poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos, de otras entidades federativas, de la Federación, y de asuntos internacionales, es decir tocan temas que beneficien a la ciudadanía, o que impliquen el posicionamiento institucional ante una determinada situación; señala el dictamen aprobado.
Se aprobó por mayoría, con 23 votos a favor y 1 abstención, autorizar al ayuntamiento de Tierra Nueva a enajenar mediante la modalidad de compra-venta, un predio propiedad municipal, que se encuentra localizado en el extremo norte de la cabecera municipal, y el cual es parte del Fundo Legal del municipio con una superficie de 7,447.50 metros cuadrados, inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Santa María del Río, bajo el número 2,380 del libro 88 del Tomo LXV, de escrituras privadas; a favor de la empresa Alquiladora de Casas, S.A. de C.V. Filial de Telmex.
Fueron aprobados los dictámenes que rechazó por improcedente la iniciativa que buscaba reformar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí; así como las solicitudes de Juicio de Responsabilidad Administrativa en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Huehuetlán, administración 2012-2015; de Juicio de Responsabilidad Administrativa en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, administración 2015-2018; y la declaración de la prescripción en la solicitud de Juicio de Responsabilidad Administrativa en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, administración 2012-2015.
Se retiró del orden del día el dictamen que desecharía la solicitud de Juicio de Responsabilidad Administrativa en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Charcas, administración 2015-2018.
Fueron aprobados los informes financieros del Congreso del Estado correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2019. El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez, fue el encargado de presentarlos en la Tribuna Legislativa.
COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Se aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta de Coordinación Política para la integración completa del Comité del Sistema de Gestión de Calidad para la toma de protesta de la diputada Sonia Mendoza Díaz como vicepresidenta en sustitución del legislador Ricardo Villarreal Loo, y la del diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez como secretario.
Después de su elección, Mendoza Díaz y Quintanar Sánchez rindieron protesta de ley para desempeñar el cargo conferido.
Con ello, el Comité del Sistema de Gestión de Calidad quedó integrado con las diputadas y diputados siguientes: Laura Patricia Silva Celis, presidenta; Sonia Mendoza Díaz, vicepresidenta; Edson de Jesús Quintanar Sánchez, secretario; María Isabel González Tovar, Rosa Zúñiga Luna y Edgardo Hernández Contreras, vocales.
Después de este asunto y previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la Oficial Mayor Maestra en Derecho Marisol Deniz Alvarado Martínez rindió protesta de ley como presidenta del Comité de Transparencia e integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como del Comité del Sistema de Gestión de Calidad.
En la sesión ordinaria también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo; entes autónomos y paraestatales; ayuntamiento y organismo paramunicipal e Iniciativas.
En asuntos generales participaron, por separado, en la Tribuna Legislativa las diputadas y diputados Marite Hernández Correa, Edgardo Hernández Contreras, Ricardo Villarreal Loo, Laura Patricia Silva Celis, José Antonio Zapata Meraz, Vianey Montes Colunga, Paola Alejandra Arreola Nieto, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y Oscar Carlos Vera Fábregat para desarrollar diversos tópicos.
Agotados los asuntos agendados la presidenta de la Directiva, diputada Sonia Mendoza Díaz, citó al pleno de la LXII Legislatura a sesionar a partir de las 10 horas del jueves 25 de abril del año 2019 en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Congreso del Estado de Jardín Hidalgo número 19.
