La adición propuesta establece que “los potosinos tienen derecho de acceso a internet. El Estado promoverá, en la medida de los recursos presupuestales disponibles, el acceso universal a internet, a las tecnologías de la información y a las comunicaciones emergentes, priorizando a la población con rezago social”.
En su exposición de motivos, indica que, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), del año 2019, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se indica que en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan el 70.1% de la población de seis años o más.
Esta cifra revela un aumento de 4.3 puntos porcentuales respecto de la
registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 2015 (57.4 por ciento).Sin embargo, la población que aún no tiene acceso es de 30% lo cual también significa problemas complejos por la utilidad que ha venido cobrando esta herramienta, particularmente en contextos como el de la contingencia sanitaria que vivimos, en la que el acceso a internet puede significar incluso la diferencia entre conocer o no las medidas de prevención y atención médica en la pandemia.
Se indica que entre 2017 y 2019, los usuarios en la zona urbana pasaron de 71.2% a 76.6%, mientras que en la zona rural el incremento fue de 39.2% a 47.7% de usuarios de 6 años o más. Los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet en 2019 fueron: celular inteligente (Smartphone) con 95.3%; computadora portátil con 33.2%, y computadora de escritorio con 28.9 por ciento.
Agrega que existe una brecha muy marcada sobre el acceso al internet entre la población urbana y rural, y esta disparidad no puede entenderse como un “asunto” de los particulares que pueden o no proveerse de este servicio, sino incluso de la accesibilidad de la red y la capacidad económica de las personas en las regiones, “por lo que estimamos que el acceso a internet debe asumirse como una responsabilidad de Estado”.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales.
