En la exposición de motivos para expedir la Ley Agrícola para el Estado, se establece que resulta necesario conminar a una reforma ante la constante evolución social y económica y al crecimiento de las poblaciones rurales como urbanas en materia agrícola para que actúen de conformidad con lo establecido en los preceptos normativos, garantizando a la población el desarrollo de las actividades gubernamentales dentro de un marco de legalidad.
Existen en nuestra entidad en materia agrícola, sanidad, inocuidad y agroalimentaria normas contenidas en diversos ordenamientos, tales como la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí y la Ley de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de San Luis Potosí, con esta nueva Ley Agrícola, se ha contemplado la conveniencia de unificar los ordenamientos, que si bien conserva las disposiciones de fomento, reorienta la actividad agrícola en el Estado y facilite la aplicación de las mismas.
Con esta ley se proponen fortalecen el marco jurídico que establece las bases para las actividades agrícolas, para iniciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del estado, en relación al desarrollo rural con el objetivo de fortalecer los mecanismos que den respuesta y auxilio a los productores, para planear, organizar, regular y promover el desarrollo, industrialización y comercialización agrícola, induciendo las acciones para el desarrollo, y así implementar los criterios para la equidad social y de género, en la productividad y sustentabilidad, favoreciendo la participación de los sectores social y privado.
Asimismo, se podrá garantizar, fomentar y promover en las instituciones de educación la investigación científica y el uso de nuevas tecnologías en la actividad agrícola, aplicando todas aquellas medidas tendientes a resolver de manera congruente e integral los problemas que deriven del aprovechamiento de recursos naturales del estado y en las actividades del sector rural.
Promueve la colaboración entre las autoridades competentes en el diseñar y promover nuevos modelos de apoyos financieros para los productores, así como fomentar y promover el servicio de asesoría y asistencia técnica, jurídica, financiera y organizativa a los productores es por ello que se considera necesario adicionar y reformar diversos dispositivos para dar mayor certeza jurídica a los destinatarios del marco jurídico aplicable al sector agropecuario del Estado.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Ecología y Medio Ambiente y a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis y posible aprobación y, posteriormente ponerla a consideración del Pleno del Congreso del Estado para su votación.
Además, en la reunión de trabajo virtual de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal en la que participaron la diputada Vianey Montes Colunga, presidenta y, la diputada Rosa Zúñiga Luna, vicepresidenta, aprobaron la iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, para reformar la fracción VII del artículo 7 de la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue: Código de Procedimientos Civiles para el Estado y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
