La diputada Alejandra Valdés Martínrez indicó que se busca otorgar a las mujeres el derecho a la interrupción legal del embarazo, de manera informada y en condiciones médicas viables, antes de las 12 semanas de gestación, para lo cual se encuentran en análisis en las comisiones legislativas dos iniciativas de reformas al Código Penal del Estado, la Ley de Salud Estatal y la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
En su intervención, explicó que de acuerdo a datos de la organización para la cooperación y el desarrollo económico, México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, el 23 por cientos de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 16 años, siendo la violencia de género uno de los factores de estos embarazos.
Agregó que de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, con base en datos del Consejo Nacional de Población, cifran entre 750 mil y un millón de abortos anuales, los que se realizan en la clandestinidad en todo el territorio nacional, lo cual quiere decir que 8 de cada 10 mujeres no tienen acceso a la interrupción legal y segura del embarazo.
La iniciativa que propone, establece penalizar el aborto después de la décima segunda semana de gestación y el que la Secretaría de Salud del Estado brinde los servicios necesarios para la interrupción del embarazo en condiciones de calidad y de forma gratuita, de conformidad con los supuestos previstos en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, cuando la mujer embarazada así lo solicite y en apego a la aplicación de la NOM -046 – SSA2 -2005.
La diputada Marite Hernández, explicó la iniciativa presentada para reformar la Constitución Política del Estado, en sus artículos 12 y 16, a fin de reconocer a las mujeres el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo en un término máximo de doce semanas de gestación. El Estado garantizará el acceso a la información, educación y los medios que les permitan ejercer de forma responsable y segura sus derechos sexuales y reproductivos.
Indicó que restringir el aborto no evita que suceda; a pesar de estar altamente restringido en todo el país menos en la Ciudad de México, se estima que se realizaron más de un millón de abortos en México en 2009.
La doctora Karen Luna de Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, recordó el caso de Hilda, mujer potosina que sufrió un aborto espontáneo y al solicitar atención médica por una hemorragia en Tamuín fue forzada por el personal del hospital a declarar haber tomado pastillas para abortar, para poder acceder a la atención especializada.
Agregó que es importante el garantizar el acceso al aborto legal y seguro para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en México, que siguen siendo criminalizadas en los centros hospitalarios, donde se condiciona la atención médica tanto para los casos de abortos espontáneos o incluso a consecuencia de una agresión sexual.
En su intervención, Ana María Suárez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas explicó los efectos de la NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres; Criterios para la prevención y atención, en específico lo relacionado a la prestación de servicio de aborto médico a solicitud de la víctima en casos de violación.
Explicó que pese a estar reglamentado, existen todavía algunas situaciones que dificultan el acceso a este derecho por parte de las víctimas, desde la objeción de conciencia para practicar el procedimiento por parte del personal médico en las clínicas, hasta la solicitud de una carta abierta para solicitar el servicio, situación que no es condicionante en la ley.
En su presentación, Fray Julián Cruzalta, del Grupo “Católicas por el derecho a decidir”, indicó que la despenalización del aborto no debe considerarse un tema de ética o moral, “porque abortar no es una competencia, ninguna mujer va con una sonrisa a abortar, quien dice eso desconoce y no tiene razones, aún la que decide libremente es un proceso complicado”.
Consideró que este tema no debe tomarse desde el punto de vista religioso o personal, sino tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos de las personas, el cual corresponde al estado.
La diputada Beatriz Benavente, presentó en su ponencia “Acción de inconstitucionalidad, aprendizaje y retos”, las acciones realizadas en el pasado reciente en con la presentación de iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto.
También participaron la Maestra Urenda Queletzu Navarro, con la presentación de la ponencia “Balance analítico como base para la determinación de iniciativas”, y Olivia Suárez, con el tema “Amparo contra leyes, inconstitucionalidad de la penalización del ILE”.
