San Luis Potosí SLP. – La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que, en el periodo del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2018, agentes investigadores llevaron a cabo el aseguramiento de 18 personas en la entidad por encontrarse relacionados en diversos delitos.
En uno de los casos, se llevaron a cabo trabajos de investigación e inteligencia para conocer la identidad de las personas involucradas en la muerte de una mujer que fue privada de la vida con arma de fuego, cuando se encontraba en su consultorio dental ubicado en la colonia Juan Pablo, al poniente de la ciudad potosina.
Esto permitió conocer a los autores material e intelectual, quienes fueron capturados en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.
Además, en casos distintos, fueron detenidos cuatro hombres por estar relacionados en el delito de homicidio calificado; dos de ellos en el municipio de Ciudad Valles, otro en Axtla de Terrazas y el último en la capital potosina.
También, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de tres individuos que presuntamente participaron en un robo con violencia a una gasolinera ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
En el municipio de Ahualulco, fue detenido un hombre que tenía un mandato judicial en su contra por el delito de abigeato.
Un sujeto que fue denunciado por el delito de peculado en agravio del ayuntamiento del municipio de Tanlajás, al estar relacionado en un daño patrimonial por más de 3 millones de pesos, fue detenido por agentes investigadores de la FGESLP.
Por el delito de cohecho, fue detenido el conductor de un tráiler que junto a otro sujeto planearon un autorobo de la pesada unidad y su carga, por lo que trató de sobornar a la autoridad para que dejaran de investigar el delito.
Por otra parte, en casos divididos, fueron detenidos dos hombres y una mujer, acusados del delito de violencia familiar, ellos en Ciudad Valles y ella en la capital potosina.
Finalmente, fueron detenidos tres hombres, uno de ellos por el delito de lesiones, otro por abuso de confianza y el último por el delito de lesiones calificadas.
Las dieciocho personas que entraron en conflicto con la autoridad iniciaron su proceso legal de manera independiente, en espera de que se defina su situación legal.
