La Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del DIF, llevó a cabo una revisión de desempeño y estructura operativa, en la cual, se dio a la tarea de entrar de lleno al análisis de la justificación de la plantilla que se encontraba contratada por honorarios asimilables a salarios.
Esto, dado que este concepto representaba una carga económica mensual superior a un millón de pesos, al sumarle las aportaciones por seguridad social e INFONAVIT.
“Es importante destacar que en esta figura contractual no encontramos justificación para seguir manteniendo al personal que no fue despedido por el DIF Estatal, sino que se les pagó su finiquito conforme a derecho por la conclusión de su periodo contractual”, explica el documento.
La Presidenta del DIF, Ruth González Silva, explicó al respecto que existe constancia fehaciente y legal de que dichos trabajadores fueron finiquitados conforme a derecho; además, explicó que una vez concluido el análisis de la base de datos de los beneficiarios de los programas sociales de la institución, este ahorro permitirá ampliar la misma para cumplir con los compromisos de garantizar el bienestar y la protección de las personas en situación vulnerable.
