*.-Imparten curso magistrados de los tribunales Estatal y Federal de Justicia Administrativa.
*.-Objetivo, garantizar respeto al debido proceso en relación con observaciones no solventadas de Cuentas Públicas 2017.
La Auditoría Superior del Estado iniciará en breve las acciones legales correspondientes a las observaciones no solventadas de las Cuentas Públicas 2017, y con la finalidad de garantizar el respeto al debido proceso, recientemente llevó a cabo una jornada de capacitación en materia de Responsabilidades Administrativas, dirigida al personal de Asuntos Jurídicos y Ejecución del organismo fiscalizador.
El curso fue impartido por los magistrados de los tribunales Estatal y Federal de Justicia Administrativa, Ma. Eugenia Reyna Mascorro y Juan Manuel Arias González respectivamente, en el Auditorio de Posgrados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas ocupó gran parte de la agenda de este curso, en cuanto a su objeto de establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno, además de definir obligaciones, sanciones aplicables por actos u omisiones y los correspondientes procedimientos de aplicación.
De igual manera, el curso ofreció herramientas a los asistentes en relación con las normas de actuación de los servidores públicos y la determinación de los casos en que éstos incurren en faltas administrativas, así como los respectivos procesos y sanciones en caso de su cometimiento.
Los magistrados aclararon los objetivos que plantea la citada Ley de Responsabilidades en cuanto al establecimiento de: principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; faltas administrativas graves y no graves, sanciones aplicables, procedimientos de aplicación y facultades competentes; sanciones por la comisión de faltas de particulares, procedimiento para su aplicación y autoridades competentes; determinación de mecanismos de prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y creación de bases para que los entes públicos establezcan políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.
