- Se presenta ante las y los diputados en el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.
En el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Pedroza Gaitán reiteró que sin las medidas y acciones de responsabilidad y disciplina financiera que se fijaron como políticas de gobierno desde septiembre de 2015, San Luis Potosí no pudiera hoy tener la solidez para hacer frente a la situación generada por la pandemia del COVID 19.
Precisó los principales logros en materia financiera durante los cinco años de la administración, y que, – enfatizó -, permiten enfrentar con fortaleza y optimismo las adversidades que la pandemia ha traído, tales como:
El aumento de los ingresos globales en 20 por ciento en el período 2015-2019, así como de 32 por ciento de los estatales, sin crear nuevos impuestos o incrementar los ya existentes, en concordancia con un marcado compromiso por proteger la economía familiar de las y los potosinos.
La disminución del gasto de operación en un 10.2 por ciento a precios reales, así como el incremento del gasto de inversión 36.9 por ciento en el mismo periodo.
La reducción de la deuda bancaria 17.8 por ciento (827.8 mdp) desde el inicio de esta Administración, mejorando las calificaciones crediticias. Y la no contratación de nuevos créditos.
La reducción del 30.9 por ciento (6 mil 612.1 mdp) de los pasivos totales del Estado.
La obtención por cuarto año consecutivo de un superávit presupuestal, cerrando el año 2019 con un balance positivo de 523.2 mdp.
A la par de estos importantes resultados, puso de manifiesto los efectos negativos generados por las actuales condiciones derivadas de la emergencia sanitaria, mismos que han impactado de forma relevante el balance presupuestario del Estado debido a la necesidad de:
Cubrir las erogaciones relacionadas con la atención sanitaria de la Pandemia hasta por 544.8 mdp proyectados al cierre de ejercicio.
El financiamiento de las acciones encaminadas a reactivar la economía potosina, proteger el empleo y apoyar a la población más necesitada a través de programas de protección alimentaria hasta por 193 mdp.
Así como, la caída proyectada en los Ingresos de Libre Disposición del Estado para 2020 hasta por 546 mdp, derivada del otorgamiento de estímulos fiscales para la sostenibilidad del empleo en tiempos de confinamiento, la contracción económica que reduce el margen de recaudación local, así como la caída de ingresos federales no compensables por el Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF).
Todo ello, subrayó el funcionario, deriva en la proyección de un balance financiero negativo para 2020 hasta por más de 1 mil 700 mdp, mismo que ha obligado a adoptar medidas de ajuste presupuestal en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo por más de 373 mdp, mismo que deberá ser fortalecido con un ajuste complementario al presupuesto de todos los ejecutores del gasto, incluyendo el rubro de servicios personales en áreas no prioritarias, ante el nuevo escenario de operación del Gobierno.
No obstante, las cifras proyectadas de cierre a diciembre de 2020 son de gran presión financiera, estas se traducirán en una mayor presión sobre el presupuesto para 2021, dada la proyección incluida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que contempla una caída de hasta 556 mdp en las Participaciones Transferidas al Estado.
Pedroza Gaitán precisó que la muy probable caída en los ingresos federales transferidos, resalta en contraste con los incrementos promedio que se habían presentado en los dos ejercicios anteriores superiores a 1 mil 500 mdp, mismos que permitían cubrir los impactos inflacionarios, así como los requerimientos para dar continuidad a los programas y proyectos estratégicos derivados del Plan Estatal de Desarrollo.
Por último, el titular de la Secretaría de Finanzas señaló que en función de los recursos previstos por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 para el Estado y los ingresos estatales proyectados, actualmente se trabaja en la elaboración de la Iniciativa de Presupuesto Estatal, que deberá considerar una disminución todavía mayor del gasto de operación, así como la cancelación de programas de inversión no esenciales.
