San Luis Potosí SLP.- “En el combate a la corrupción, no vamos a permitir, ni permitiremos que impere el mundo al revés, en donde se desprecia la honestidad, se castigue el trabajo y se recompense la falta de escrúpulos”, sentenció el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cue, durante la presentación del Tercer Informe Anual de Labores.
Acompañado por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, el Magistrado indicó que el trabajo realizado en los últimos tres años por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, se tradujo en el inicio de 222 procedimientos de responsabilidad administrativa, habiéndose sancionado a 52 funcionarios.
Almazán Cue, señaló que través de la Visitaduría Judicial, se llevaron a cabo 311 visitas ordinarias y extraordinarias a los órganos jurisdiccionales, se instauraron 67 comités de investigación y 25 Investigaciones especiales; en tanto que correspondió a la Contraloría del Poder Judicial realizar 96 auditorías a órganos administrativos, con el fin de detectar posibles fallas y, en su caso, recibir directamente de los interesados o afectados las quejas que pudieran tener en contra de funcionarios públicos.
Por medio del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, no se toleró conducta alguna que fuese contraria a la Ley y se tomaron las medidas necesarias para combatirla, aún frente a ataques, calumnias y amenazas que recibí de personas que se vieron afectadas en sus oscuros intereses y que antes actuaban de manera impune, lo cual no lo vamos a permitir y tampoco permitiremos que impere el mundo al revés en donde se desprecia la honestidad, se castiga el trabajo y se recompensa la falta de escrúpulos, por eso, es que se actuó con valor y de frente porque solo así es como se sanan las instituciones y es la única manera de regresar a la ciudadanía la confianza en nosotros.
Como parte fundamental del quehacer del funcionariado y en un trabajo conjunto de los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura –agregó Almazán Cue-, se aprobó el Código de Ética del Poder Judicial del Estado, el cual impulsa políticas eficaces y de responsabilidad que promuevan, fomenten y difundan una cultura de integridad en la función pública y acciones permanentes que aseguren el comportamiento ético de las servidoras y servidores judiciales, con lo cual además se dio cumplimiento a las disposiciones del sistema nacional anticorrupción.
